El juez del Tribunal de primera instancia belga que debe decidir sobre la entrega a España del expresidente de Catalunya Carles Puigdemont y cuatro exconsellers hará público su fallo el próximo 14 de diciembre, coincidiendo con la presencia en Bruselas del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para asistir a una cumbre europea, y a pocos días de que se celebren las elecciones del 21-D.
Así lo han anunciado Paul Bekaert, Christophe Marchand y Jaume Alonso-Cuevillas, tres de los 19 abogados que forman el equipo de defensa de los políticos catalanes, al término de la vista que se ha celebrado en la Cámara del Consejo de Bruselas (primera instancia) desde las 09.00 horas de este lunes.
El importante dispositivo de seguridad desplegado en la sede del Tribunal ha permitido a Puigdemont y el resto de reclamados entrar sin ser vistos por el aparcamiento del edificio en que comparten su sede el tribunal y la Fiscalía.
En la vista, que ha durado unas tres horas, la Fiscalía de Bruselas ha reiterado que avala la extradición de los políticos catalanes por cuatro de los cinco delitos que les imputa la Audiencia Nacional --todos menos el de prevaricación--.
El Ministerio Público cree que los delitos de rebelión, sedición y desobediencia podrían tener encaje en el ordenamiento jurídico belga bajo el marco de "conspiración de funcionarios", mientras que la malversación de caudales públicos podría corresponder con "malversación por parte de funcionarios".
La defensa, sin embargo, rechaza esta posibilidad y ha argumentado que "no debe haber lugar a una extradición" porque, a su juicio, los hechos que se juzgan "no son punibles en Bélgica", según ha explicado uno de los letrados, Christophe Marchand.
Cuevillas, por su parte, ha detallado que otro de los argumentos de la defensa es que de ejecutarse las órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) habría "muchos elementos para considerar que no habría juicio en España con las garantías que exigen los Tratados fundamentales".
Tras escuchar a las partes, que habían presentado con anterioridad sus alegaciones por escrito, el juez ha anunciado que se tomará diez días para analizar la causa y presentar su decisión el jueves 14 de diciembre. Las partes tendrán a continuación 24 horas para recurrir, por lo que el día 15 se sabrá ya si el caso pasa al Tribunal de Apelación.
Aunque no ha habido preguntas del juez a los cinco requeridos, tres de ellos han aprovechado su derecho de intervenir al final de la vista --Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín--, según han revelado fuentes jurídicas.
En sus "breves" intervenciones han defendido que la convocatoria de un referéndum ilegal no es delito en España desde 2005 (aunque sí se contempla en el código penal como desobediencia) y han lamentado que se persiga judicialmente su "actividad parlamentaria".
DECISIÓN EL 14, SI HAY APELACIÓN SE RESOLVERÁ EN ENERO
Precisamente el 14 de diciembre se espera la presencia de Mariano Rajoy en Bruselas para participar en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que tendrá lugar ese jueves y viernes en la capital europea.
El juez ha fijado la audiencia en la que comunicará su decisión a las 09.00 horas del jueves 14 y deben comparecer al menos los letrados de la defensa, pero no está claro si también estarán los requeridos, al no ser obligatoria su presencia.
Una vez se conozca la decisión de la Cámara del Consejo de Bruselas ésta podrá ser recurrida por cualquiera de las partes, en el plazo de 24 horas, ante el Tribunal de Apelación.
El 15 de diciembre, por tanto, se sabrá si una de las partes presenta recurso contra la decisión del juez de primera instancia y se activará entonces un plazo de 15 días para argumentar por escrito dicho recurso.
La sala de Apelación contará con otros 15 días de máximo para pronunciarse, con lo que su fallo no llegaría hasta mediados de enero, "no antes del día 8", según las cuentas de la defensa.
Una eventual consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea alteraría todos los plazos previstos que, en el caso de una euroorden, obligan a resolver su ejecución en un máximo de 90 días desde que la curse el país reclamante.
El último recurso posible sería ante el Tribunal de Casación, que no constituye una tercera instancia porque no examina los hechos del asunto, sino la legalidad durante el proceso. Aquí los cinco jueces que forman la corte tendrían dos semanas para pronunciarse.