El PP ha decidido instruir a sus cargos para que defiendan en toda España la prisión permanente revisable, una medida con la que el partido quiere recuperar la iniciativa política y atacar a Ciudadanos. Con ese objetivo, ha distribuido entre los suyos un argumentario interno, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que denuncia que la oposición quiera derogarla sin esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie y resalta que hay una corriente de opinión pública "muy mayoritaria" a favor de esta pena.
Los 'populares' han puesto el foco en esta medida aprovechando la resolución del asesinato de Diana Quer. De hecho, han presentado mociones en los ayuntamientos de toda España y también han registrado una proposición no de ley en el Congreso para que los grupos de la oposición rectifiquen y mantengan la prisión permanente revisable en el Código Penal.
Ahora dan un paso más y quieren que los dirigentes del partido en toda España se movilicen en favor de esta figura penal, con la que quieren retratar a Ciudadanos por su "abstención". Así lo manifestó este mismo domingo en Sevilla el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, al asegurar que la prisión permanente revisable es "una conquista social" y criticar la postura del partido de Albert Rivera: "Un partido que quiere ser gobierno no se puede abstener ante temas tan trascendentales, tiene que tener un criterio", ha proclamado.
Después del descalabro electoral en Cataluña frente al avance de Cs, los 'populares' quieren recuperar iniciativa política con esta medida penitenciaria, que, según destaca, "cuenta con el apoyo de una mayoría social". Los padres de Mari Luz, Diana Quer y Marta del Castillo se han unido para defender esta pena, que ya ha conseguido más de 340.000 firmas.
"Hay una corriente de opinión pública muy mayoritaria en favor de la prisión permanente revisable tal como está prevista en nuestro Código Penal, así lo demuestra una iniciativa en change.org pidiendo la 'No a la derogación de la prisión permanente revisable'", señala el PP en el citado argumentario interno, recogido por Europa Press.
"NO ES UNA CADENA PERPETUA"
La prisión permanente revisable fue aprobada en marzo de 2015 por el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy y ya entonces cosechó numerosas críticas de la oposición, que llegó a calificarla de "cadena perpetua". Esta legislatura, en la que el Partido Popular ha perdido la mayoría absoluta, el Congreso está tramitando su derogación.
Según el PP, se trata de una pena extraordinaria "para supuestos de extrema gravedad". La finalidad, explica, es impedir que los autores de graves crímenes que no demuestren su voluntad de reintegrarse de nuevo en la sociedad vuelvan a recuperar su libertad poniendo en peligro nuevamente a la ciudadanía.
"La prisión permanente revisable no es una cadena perpetua. Cumplida una parte de la condena que oscila entre 25 y 35 años, el tribunal deberá revisar de oficio cada dos años si la prisión debe ser mantenida; y lo hará también siempre que el penado lo solicite, si bien --tras la desestimación de una petición-- podrá fijar un plazo máximo de un año dentro del cual no se dará curso a nuevas solicitudes", indica.
En este sentido, el PP destaca que "se compatibiliza" seguridad, que todo Estado debe proporcionar a sus ciudadanos, y reinserción. A su entender, corresponde al preso demostrar de forma inequívoca que es capaz de reincorporarse pacíficamente a la sociedad, y el articulado de esta figura penal se lo permite.
"Lamentablemente, ha quedado demostrado que la capacidad de reinserción no viene ligada exclusivamente al transcurso del tiempo", añade. Así, el PP dice que cree en la necesidad de acreditarla ante un tribunal. "Cuando una persona cometes delitos gravísimos, es conveniente constatar si se ha producido la rehabilitación".
CRITICA LAS "PRISAS" EN QUERER DEROGARLA
Tras asegurar que el debate sobre la prisión permanente revisable nada tiene que ver con el cumplimiento íntegro de las penas, el PP dice no entender "las prisas" de la oposición, que decidió presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional y que fue admitido a trámite. "Lo más lógico sería esperar a que el TC se pronunciara", asevera, para añadir que esta medida ha sido "avalada" por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras su aplicación en otros países.
Además, el PP recuerda que el alto tribunal ha concedido la extradición de personas en aquellos supuestos en los que el país solicitante tiene establecida la prisión perpetua, siempre que ésta sea revisable. De esto se desprende, según el partido, que para el TC esta condena "no conlleva tratos inhumanos ni degradantes".
Por todo ello, el Partido Popular concluye en su argumentario que va a intentar convencer a los Grupos Parlamentarios que no tiene sentido la supresión de un "instrumento útil, eficaz" y que existe además en muchos países Europa (Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Suiza o Dinamarca).