El Gobierno ha puesto en marcha este jueves los trámites para impugnar este mismo viernes ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat de Cataluña firmada por el presidente del Parlamet, Roger Torrent. A su entender, el expresidente catalán tiene limitada su «libertad deambultaroria», ya que hay una orden de detención dictada contra él si viene a España.
Con este objetivo, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha pedido informe al Consejo de Estado, como es preceptivo, para poder presentar el recurso este mismo viernes si ese informe es favorable. La Comisión del Consejo de Estado se reúne esta misma tarde para estudiar la petición del Gobierno, según han informado a Europa Press fuentes del órgano consultivo.
En una comparecencia en el Palacio de la Mocloa para informar de los pasos del Gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha precisado que solicitan ese informe al Consejo de Estado para impugnar la resolución del presidente del Parlament del 22 de enero en la que se propone a Puigdemont como candidato y que se publicó al día siguiente en el Boletín de la Generalitat. La admisión a trámite de ese recurso conllevaría la suspensión de esa decisión, en virtud del artículo 161.2 de la Constitución.
SE HA INFORMADO AL PSC Y AL PP
Sáenz de Santamaría, que ha informado a PSC y el PP de esta actuación -porque, según ha dicho, son los que se «han acercado» y «dirigido» al Ejecutivo para informarse estos días--, ha explicado que el fundamento de ese escrito es que el estatus jurídico actual de Puigdemont es «incompatible con su comparecencia personal en la Cámara», ya que, pesa sobre el una orden de detención que debe hacerse efectiva si entra en territorio español.
«Carece por tanto del derecho de libertad deambulatoria que le permitiría acudir a esa comparecencia porque tan pronto como entre en territorio español debe ser puesto a disposición judicial», ha abundado, par añadir que este argumento se pone de manifiesto ante la «circunstancia insólita» de que Torrent tuviera que desplazarse este jueves a Bruselas para «evacuar consultas» con Puigdemont.
CONSULTA POTESTATIVA AL CONSEJO DE ESTADO
Además, la vicepresidenta ha avanzado que el Gobierno ha elevado una consulta potestativa para que el Consejo de Estado ofrezca su opinión acerca de varios aspectos: si un candidato que no esté presente en el Parlament puede ser investido sin su presencia; si eso se admitiera por parte de la Mesa del Parlament, si podría impugnarse por este mismo procedimiento ante el TC; y tercero, si se admitiera el voto delegado de los diputados huidos en Bruselas, si sería procedente denegar ese voto delegado o en caso de que se permitiera acudir al Constitucional.
Sáenz de Santamaría ha explicado que lo que están preguntando al órgano consultivo del Gobierno es si es posible una impugnación en caso de que se admita una investidura no presencial, «bien vía telemática o vía delegación», o en caso de que se admitiera la delegación de voto de los huidos de la Justicia».
«Lo que hace el Gobierno a día de hoy es utilizar los instrumentos que la ley pone a su disposición para que la ley se cumpla y para garantizar que todos los diputados en la Cámara ven respetados sus derechos. Y para garantizar que llevemos a cabo los procedimientos de investidura del presidente de la Generalitat con el respeto que merecen los ciudadanos de Cataluña», ha indicado. ¿HAY UN CAMBIO DE CRITERIO? Preguntada por qué se ha producido un cambio de criterio en el Gobierno, que había sostenido estos dos últimos días que no recurriría esa propuesta de candidatura firmada por Torrent, Sáenz de Santamaría ha insistido en que la situación no es que vaya o no a venir a España Puigdemont, que no lo ha manifestado «claramente» y «tampoco» Torrent, sino que resolución del presidente del Parlament propone a una persona que «no tiene la plenitud de sus derechos» y «no tiene un derecho absoluto a la libertad deambulatoria».
«No planteamos este recurso por una posibilidad de futuro sino por una circunstancia de presente. Y es que el señor Puigdemont tiene una orden de detención en España», ha reiterado, para señalar que Torrent debería haber tenido presente que el expresidente catalán «no puede entrar en territorio español sin que se haga efectiva» esa orden de detención.
Por todo ello, Sáénz de Santamaría ha remarcado que, dado que está «huido» de la Justicia y hay una orden de detención contra él, «no concurren en él las circunstancias que permitirían una investidura presencial».
«PUEDE PROPONER A OTRO»
«Nosotros lo que estamos diciendo es que el señor Torrent no puede proponer al señor Puigdemont como candidato. Puede proponer a otro», ha manifestado Sáenz de Santamaría, para añadir que otra «cosa» es que el presidente del Parlamento catalán proponga otro candidato a esa sesión de investidura, que tiene como fecha límite para celebrarse el día 31 de enero.
En el caso de que se admita a trámite el recurso del Ejecutivo para impedir esa investidura de Puigdemont, ha dicho que espera que los comienzos del nuevo presidente del Parlament no sea acatar las decisiones de los tribunales «sea la que sea» y se muestre «respetuoso» con la legalidad y las decisiones judiciales.
Sáenz de Santamaria ha indicado que a estas alturas «todos» deben ser «adultos», aunque «algunos no lo parezcan», y ser «muy consecuentes» con los actos que se realizan y las consecuencias jurídicas y personales que les comportan. Según ha dicho, tanto los miembros del Govern detenidos como los que fueron puestos en libertad deben «saber muy bien» cuáles son las «advertencias que les ha hecho el tribunal», si bien ha dicho que se trata de decisiones judiciales que el Gobierno respeta.