El Govern del expresidente Carles Puigdemont manejaba informes para que el Estado colaborara tras la independencia cediendo datos relacionados con el documento nacional de identidad, tráfico o el control de armas, según se desprende del análisis de la Guardia Civil de los correos del ex secretario de Hacienda Lluís Salvadó.
En un informe remitido al Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, al que ha tenido acceso Europa Press, el Instituto Armado analiza este documento titulado 'La Seguretat a la República Catalana: primers plantejaments', donde destaca que la Generalitat quería "incorporar de forma rápida competencias que actualmente ostenta el Estado Español".
El documento de Salvadó subraya diez competencias, empezando por la delincuencia organizada interna y transnacional. La lucha contra este fenómeno exige "crear una unidad específica del cuerpo de los Mossos d'Esquadra" que, en el capítulo del terrorismo y el narcotráfico, precisa de la "necesaria colaboración con el Estado Español para la transmisión de la información existente".
El control de fronteras, con una nueva unidad de control del espacio aéreo, o el registro de pasajeros es otro de los encargos que la República tendría que haber confiado a los Mossos, estableciendo de nuevo "un mecanismo de control con el Estado español para el traspaso de información sobre la ciudadanía y en relación con los vehículos". Lo mismo ocurría en materia de inmigración y control de armas.
El Govern planeaba igualmente disponer de su propio servicio de inteligencia "civil y multidisciplinar dentro del Estado de derecho", teniendo como objetivo "profundizar en la coordinación con otros departamentos, el Estado español y los organismos europeos". El Parlamento de Cataluña tendría que valorar si era necesario también un servicio de ciberseguridad.
El Ejecutivo de Puigdemont planeaba, según este informe incautado a Salvadó, uno de los altos cargos detenidos el 20 de septiembre, "trabajar para la incorporación" de los Mossos en los organismos de seguridad internacional "que se crean convenientes", citando la OSCE, la OTAN o la Política Exterior y de Seguridad Comunitaria (PESC).
A resultas de este informe, la Guardia Civil destacaba por encima de todo los planes para disponer tras la declaración de independencia de un ejército destinado a la defensa de la República catalana "ante, entre otros riesgos, el que podría provenir del Estado español". Se reconocía que el servicio militar tenía una imagen "muy negativa" entre los catalanes "debido a la asociación mental que se hace con el Ejército español", dejando este debate para más adelante.
También analizaba la situación de algunos países como Austria o Dinamarca y cifraba en entre 18.000 y 22.000 el número de efectivos del futuro ejército catalán, en caso de que se optara por su creación. En cuanto a la moneda, la previsión era que la República catalana seguiría usando el euro, aunque de nuevo contando con la colaboración del Estado, que le cedería la recaudación de los impuestos que a partir de septiembre de 2017 recaudaría la Agencia Tributaria Catalana.