Los mandos de los Mossos d'Esquadra dieron órdenes a los agentes para que dejaran solos a los policías y guardias civiles si éstos actuaban en los puntos de votación el día del referéndum ilegal por la independencia celebrado el pasado 1 de octubre. Así consta en el informe realizado por la Guardia Civil sobre los correos del Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, al que ha tenido acceso Europa Press, y que ha sido remitido al Juzgado de Carmen Lamela en la Audiencia Nacional. En él se precisa que los Mossos sabían que se iban a ocupar con antelación los colegios y que se podían formar «murallas humanas» y aún así, «no aceptaban el órgano de coordinación, no solicitaron apoyo a las FCSE» y no propusieron «medida alguna» para tratar de impedir el 1-O.
Según este informe, el Cuerpo de los Mossos d'Esquadra tenía información previa de los planes que iban a ejecutar los defensores del movimiento soberanista para asegurar la realización del referéndum ilegal como la ocupación de los centros o la creación de los Comités de Defensa del Referéndum (CDR).
Así se recoge en un informe de valoración que el Intendente Miquel Justo Medrano, de la Comisaría General de Información de los Mossos, remitió por e-mail el 27 de septiembre al Mayor Trapero. En él se dice que algunos dirigentes del movimiento independentista habían manifestado abiertamente que estar una hora antes de la apertura de los colegios electorales no sería suficiente para evitar que Guardia Civil, Policía y Mossos impidieran la celebración del referéndum.
Por ello, el Intendente Miquel Justo afirmaba en ese correo para Trapero que era de suponer que los defensores del 1-O realizarían una movilización permanente ante los centros o dentro de éstos los días previos, ya que la Fiscalía había ordenado a los Mossos que los precintaran antes del 30 de septiembre. «Esta acción de defensa de los puntos de votación podría iniciarse la tarde-noche del 28 o durante el día 29», resumía el texto.
SABÍAN QUE HABRÍA MURALLAS HUMANAS
Además, en ese correo para el Mayor de los Mossos se añadía que estaba previsto que para el 1-O asistieran a la movilización personas de la izquierda abertzale y que, por lo que sabían, esas personas se desplazarían a Barcelona en autocares. Junto a ello, el Intendente precisaba que la estrategia a seguir por parte de los defensores del referéndum sería la de «poner en práctica dinámicas d'Askegune (murallas humanas) que podrían comportar incidentes».
Tras exponer pruebas del análisis que habían hecho los Mossos sobre la situación, La Guardia Civil hace constar en su informe para la juez que la policía autonómica catalana había hecho también un estudio sobre las necesidades humanas que conllevaría establecer cordones de seguridad en todos los centros de votación y que habían concluido que precisarían de 40.000 efectivos.
A PESAR DE TODO, NO PIDIERON AYUDA NI TOMARON MEDIDAS
La Guardia Civil recalca que, sin embargo, «a pesar de todo ello, (los Mossos) no aceptaban el órgano de coordinación, no solicitaron apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no propusieron en el ámbito de la coordinación o en el del propio Cuerpo medida alguna para tratar de impedir el referéndum».
Por el contrario, la Prefectura del Cuerpo de los Mossos dio «instrucciones verbales a los agentes» tal y como se recoge en uno de los correos enviado desde el sindicato USPAC al Mayor Trapero en el que se exponía que se habían cumplido «estrictamente sus órdenes» y que «todos sabían las órdenes que se habían dado en las comisarías el viernes 20 y el 30 de septiembre y si no lo sabían que preguntasen a sus jefes».
LOS AGENTES RECIBIERON ÓRDENES VERBALES
Según el informe entregado en el Juzgado, los hechos ponen de manifiesto «como efectivamente se debieron de dar órdenes precisas sobre las pautas de actuación en las reuniones de coordinación (briefings) en las que se indicó a los agentes que habían de tener controlados los movimientos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía».
También se les dijo a los agentes autonómicos que «en el caso de que actuasen Guardia Civil o Policía que se alejaran de la zona y los dejasen solos en estas actuaciones» y que «no debían interactuar» con las personas que estaban organizando el referéndum en los puntos de votación».
En el documento del Instituto Armado se pone de manifiesto además que el Mayor Trapero «informaba de forma puntual y detalladamente a los responsables políticos de la Generalitat» de todas las decisiones que, en el marco de las reuniones de coordinación, se llevaban a cabo con la finalidad de evitar los actos preparatorios y el propio referéndum.
TRAPERO INFORMÓ A FORN DE LAS ESTRATEGIAS POLICIALES
De esta forma y con la información que ponían en manos de los propios organizadores del referéndum, éstos podían establecer «estrategias para contrarrestarlas», según advierte el informe entregado en la Audiencia Nacional. De hecho, añade la Guardia Civil, el Mayor Trapero se negó a que las decisiones operativas fueran adoptadas por los responsables policiales que formaban parte del Centro de Coordinación. En este sentido, Trapero alegó que éstas debían ser participadas a su Departamento de Interior.
Como prueba de que Trapero informaba a los responsables políticos de las medidas que se iban a adoptar, en el informe se adjunta un correo del Mayor de los Mossos al entonces consejero de Interior, Joaquin Forn, al director de la Policía Autonómica, Pere Soler y al secretario general de Interior, Cesar Puig.
FISCAL DE LÉRIDA
En el mismo se dice textualmente: «Ya comenzamos a tener pistas de lo que será esta nueva instrucción de la Fiscalía de la que me ha hablado el Fiscal Superior cuando le he llamado, y que apunta a una concreción de las instrucciones».
Trapero explicaba que había tenido una reunión con el Fiscal Jefe de Lérida y éste le había hablado de una nueva instrucción de la Fiscalía con órdenes previas al 1 de octubre. Aclaraba también que la acción previa principal consistiría en personarse en todos los centros de votación y hacer un acta con el testimonio del director o máximo responsable del centro en la que se harían algunas preguntas sobre la organización y se advertiría de los riesgos de facilitar el acceso al edificio.
El Mayor exponía así mismo en ese correo que otra de las medidas iba a consistir en realizar una actuación el día anterior al 1-O consistente en precintar los accesos a los edificios «con un precinto consistente tipo cadena».
Según el informe policial remitido a la Audiencia Nacional, «el movimiento soberanista de esta forma sabía, incluso antes que el resto de Cuerpos Policiales implicados cuáles iban a ser los siguientes pasos que desde el Ministerio Público se iban a adoptar».