Los papeles que los Mossos d'Esquadra estuvieron a punto de quemar en una incineradora el pasado 26 de octubre se han convertido en una especie de 'cajón de sastre' en el que se mezclan datos de seguimientos masivos que la Policía Nacional llega a calificar de "auténtico departamento de espionaje ilegal", con vigilancias a personas el mismo día que comparecían en el Parlament para hablar de la llamada Operación Catalunya o la captación de información en una boda en Marruecos del entorno del Rey Mohamed VI.
En el resumen explicativo que abre el oficio 3022/2017, al que ha tenido acceso Europa Press, la Brigada Provincial de Barcelona que impidió la quema de papeles sostiene que los "numerosos documentos intervenidos dejan ver que la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra, obedeciendo consignas políticas, se ha constituido en la parte medular y de confianza para la implicación de la Policía de la Generalitat en los proyectos separatistas".
La mayoría de los documentos que querían quemar los Mossos el 26 de octubre corresponden a los años 2011 a 2017, encontrando alguno de años anteriores, siendo 1998 la fecha más lejana. Fuentes de la investigación explican a Europa Press que sobre estos documentos más antiguos aumentan las dudas sobre su procedencia, ya que algunos se atribuyen directamente al polémico comisario José Manuel Villarejo, jubilado y en prisión provisional por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.
La Audiencia Nacional, que investiga por sedición a varios responsables de los Mossos, entre ellos el que era jefe hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Josep Lluís Trapero, analiza estos documentos que revelan seguimientos como el del abogado Josep María Fuster Fabra, que se tuvo que recomponer, en la caja número 11 de las 36 trasladadas a la incineradora de Sant Adriá de Besos (Barcelona). El letrado es uno de los que se ha querellado por estos hechos.
SEGUIMIENTO AL ABOGADO FUSTER-FABRA
En un escrito de tres páginas en catalán se recogen datos del seguimiento iniciado a este abogado el 2 de junio de 2017 en el "lugar de trabajo, donde se le ve salir con motocicleta", constando el número de matrícula. El 6 de junio de 2017 se registra que "sale de su domicilio y se dirige a Catalunya Ràdio", así como otros aspectos como dónde como o qué taxi coge en sus desplazamientos.
La Policía Nacional destaca que entre los papeles de los Mossos aparecieran referencias a una vigilancia coincidiendo con el día que Fuster Fabra estaba citado para comparecer ante la comisión de investigación de Parlament para hablar sobre la Operación Catalunya, que es como se conoce al supuesto uso partidista de las Fuerzas de Seguridad del Estado para hacer seguimiento a políticos independentistas.
Tras la comparecencia, también se constata en la documentación incautada a los Mossos que el abogado participó en un acto de apoyo a la Selección donde "se relaciona con gente confluente de diferentes partidos", subrayando la asistencia entidades que se califican de "extrema derecha".
"Todo hace indicar", señala la Policía, "que pese a que ya desde el año 2015 se filtró que Mossos d'Esquadra estaban en disposición de convertirse en una de las estructuras de Estado (los servicios de inteligencia de la Generalitat), el Cuerpo policial siguió realizando tareas de espionaje ilegal, extremos que corroboran las vigilancias y seguimientos realizados al abogado Fuster-Fabra, así como a otros miembros de la sociedad civil".
Al frente de este "auténtico departamento de espionaje ilegal" contra personas con un "marcado perfil unionista o constitucionalista", la Policía sitúa a los responsables de los Mossos, entre los que se cita expresamente al que era jefe de la Comisaría de Información, Manel Castellví, y a los políticos de la Generalitat "a través del CESICAT", donde, añaden los investigadores, "se constata el diseño y realización de lo que debía ser el embrión del CNI-Catalán o, como algunos lo han denominado, Departamento de Seguridad Nacional Catalana".
LA BODA EN MARRUECOS
Entre la ingente documentación intervenida a los Mossos aparecen situaciones rocambolescas como un acta en el que un agente de la policía catalana da detalles de técnicas para captar espías para los servicios secretos de la policía catalana en un piso franco en Barcelona.
Por las hojas de los Mossos aparecen multitud de supuestos informadores. Uno de ellos, el conocido con el pseudónimo de 'Hebrón', terminó intentando tragarse una tarjeta de memoria con 2.717 archivos que guardaba en un zapato. Tenía el listado de los 53.000 socios de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) con su DNI y todos sus datos personales, según comprueba la Policía.
Aparecen apuntes en una hoja escrita en catalán en ambas caras, sin fecha ni identificación de emisor y receptor, con "los asistentes políticos catalanes y españoles a la boda en Marruecos del hijo de una persona de confianza del Rey Mohamed VI".
De acuerdo a este documento, la boda se celebró en agosto de 2015 y allí confluyeron personas vinculadas con Jorge Moragas, el hasta hace poco jefe de Gabinete del Gobierno de Mariano Rajoy, y con la polémica agencia de detectives Método 3, la Fiscalía antidroga de la Audiencia Provincial de Tarragona y una empresario "muy relacionado con el PP y que trabaja en Acciona".
De esta nota la Policía destaca que, dos años antes del 1-O, se captó información sobre las posibles medidas previstas por el Gobierno de Rajoy para hacer frente a una eventual Declaración Unilateral de Independencia. Los agentes que analizaron los papeles de los Mossos "deducen" que lo allí tratado "llegó" a la policía catalana, "presumiéndose que el destinatario pudiera ser el propio Govern de la Generalitat".
INFILTRADOS EN AUTONOMÍAS
Otro informe de 16 páginas consignado como secreto sobre el denominado 'caso Apóstol', fechado el 11 de febrero de 2016 y con número de registro 315/16 de la Comisaría General de Información de los Mossos, trata sobre gestiones realizadas a raíz de un correo remitido al consejero del Interior.
Un "informador", que se identifica con nombres, apellidos y DNI, quiere "aportar conocimientos de posibles infiltrados en los servicios de escoltas de personsalidades autonómicas, con el fin de informar de los movimientos de éstas".
Los servicios de información de los Mossos mantuvieron varios reuniones con este supuesto informador, recibiendo un pendrive que incluía un listado de nueve miembros de los Mossos "de confianza", con los que "se podría contar en el operativo de descubrimiento de los mossos desleales".
Aquí se menciona a un capitán de la Guardia Civil destinado en la Comandancia de Tarragona, al que también se identifica por sus nombre, quien, dice la Policía, "según el informador se ofrece a pasarse a los Mossos d'Esquadra si se consiguiera la independencia". Se menciona que hay mossos que pasan información sobre el 'procesé' a otros cuerpos policiales e informan de encuentros y movimientos de políticos catalanes.
En sus consideraciones finales, el comisario jefe de la Brigada Provincial de Información enmarca estas actuaciones en la "hoja de ruta del secesionismo con la finalidad de subvertir el orden constitucional y la forma de gobierno de una parte del Estado español, poniendo a disposición de dicha finalidad al Cuerpo de Mossos d'Esquadra como elemento esencial del aparato gubernamental de la Generalitat".