La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela detalla en el auto por el que este jueves ha procesado al exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero que ve conductas de organización criminal en la actuación de los Mossos durante el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.
De hecho, relata cómo los mandos ordenan a los agentes que no actuaran, que se mantuvieran al margen y además, que vigilaran a la Guardia Civil y la Policía Nacional.
La magistrada revela también la utilización por parte de los Mossos durante el 1-O de un código propio --'clave 21'-- que consistía en la utilización de un canal alternativo --disponiendo cada dotación de un número de contacto al que llamar-- para emitir informaciones o incidencias que no debían transmitir por la emisora corporativa, para lo cual se usaron tanto móviles particulares como corporativos.
En su auto de 37 páginas, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 concluye que del contenido de las comunicaciones intervenidas en dicha jornada se desprende la falta de colaboración con los demás cuerpos policiales puesto que «se ordena que no actúen, que no hagan nada, que se mantengan al margen, que no intervengan y que solo observen e informen y se sitúen en posición segura».
También constata las vigilancias de las que fueron objeto policías y guardias civiles, incluso a los que iban de paisano.
No se trata simplemente de informar de la actuación de los agentes, según la juez, «sino que se trataba de una auténtica vigilancia, siguiendo sus desplazamientos. Incluso desde la Sala se ordenaba a todas las patrullas que cesasen en sus comunicados para dar prioridad a la transmisión de información sobre estos extremos».
De hecho, se produjeron más de 200 comunicados en este sentido durante el transcurso de la jornada.
Lamela también procesa por organización criminal y un único delito de sedición, por el 1 de octubre, al exdirector de los Mossos Pere Soler y al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig.
Procesa, además, a la intendente Teresa Laplana por un delito de sedición, en su caso por los hechos del 20 y 21 de septiembre y ha citado a todos ellos para comunicarles personalmente este auto el próximo 16 de abril.
CAMBIOS EN EL GOBIERNO DE LA GENERALITAT EN JULIO
En su relato de hechos, la juez alude a los cambios en el Gobierno de la Generalitat de 14 de julio de 2017 que «tenían como objetivo sustituir a aquellos consejeros que no se mostraban totalmente dispuestos a asumir las consecuencias de continuar con el proceso soberanista, y por ello entraron en el Govern Joaquim Forn en Interior y Pere Soler como director general de los Mossos, mientras que Puig fue mantenido en el cargo.
«Se trataba de que desde los órganos de gobierno se tuviera el control del Cuerpo policial, para lo que a su vez resultaba necesaria la connivencia de los responsables políticos con los máximos responsables de dicha Policía, que hicieran de correa de transmisión de las instrucciones de aquéllos a la operatividad de corporación, ordenando ejecutar o abstenerse de las órdenes judiciales y del cumplimiento de la Ley», valora.
LLAMADAS ENTRE TRAPERO Y SÁNCHEZ
En cuanto a los hechos de los días 20 y 21 de septiembre, la juez dice que fueron 17 llamadas entre Trapero y Jordi Sànchez y 29 de Trapero con Forn.
Trapero también recibió cuatro llamadas de Pere Ferrer, jefe de Gabinete de Interior y mantuvo una comunicación con Laplana a las 13.44 horas de ese día.
Por los que se refiere a los hechos del 1 de octubre, la magistrada recoge las intervenciones telefónicas y la documentación intervenida en el domicilio de Josep Maria Jové, entre la que destaca el documento 'Enfocats' --intervenido a José María Jové, número dos del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras-- que diseñó la hoja de ruta hacia la independencia y el papel que jugarían los distintos actores, entre ellos los Mossos.
Sobre este documento Lamela destaca que contemplaba «sin solución de continuidad una única y exclusiva alternativa para Catalunya: su secesión y la configuración como Estado propio separado de España, siendo un elemento necesario para su consecución la celebración de un referéndum, al margen de la validez del mismo».
La juez recoge también el informe de la Guardia Civil en relación con las comunicaciones en las que se constata que la víspera del día 1 ya se conocía el escenario que se iba a dar el día siguiente, donde puntos de votación designados por organizadores del referéndum con el Govern al frente, se encontrarían abiertos y ocupados por ciudadanos que no tenían intención de desalojarlos o cerrarlos de manera voluntaria.
Igualmente se registran comunicados recordándoles la prioridad que es informar sobre movimientos de fuerzas de Guardia Civil o de Policía que observen, con indicación de vehículos, número de agentes y dirección que llevaban.
Además, hay otros comunicados en los que los agentes indican a su central que han situado «ojeadores» (personas civiles) en un punto elevado que avisarían de la llegada de las fuerzas de seguridad.
Igualmente se recogen otros comunicados en el sentido de que, ante actuaciones policiales, los agentes debían separarse de la zona para que no se les viera.
El auto también incorpora audios en los que se refleja toda la actividad desplegada desde la Dirección de los Mossos a fin de hacer «totalmente ineficaz» la intervención de los agentes el 1 de octubre».
Por último, subraya el auto, las comunicaciones muestran que los indicativos de los Mossos se limitaron a decomisar las urnas o bien cuando se las entregaban voluntariamente los responsables de cada centro o una vez terminada la votación y realizado el recuento o cuando eran abandonas en la calle tras contar los votos.
Incluso, apunta, las dotaciones, con las connivencias de los mandos, pactaban con los responsables de los puntos electorales la entrega de las urnas, de forma voluntaria, una vez realizado el recuento.
Las fotografías y los vídeos incorporados al procedimiento ponen de manifiesto, según Lamela, «la actitud de pasividad» de los Mossos en los colegios el 1 de octubre e incluso su complicidad con los componentes de las mesas y personas que con su presencia trataban de garantizar la celebración de las votaciones, «llegando incluso a actuar contra los agentes de policía nacional y guardia civil».
La juez también recoge la declaración de Diego Pérez de los Cobos en la que señaló que su impresión era que el operativo diseñado era el complemento perfecto para no cumplir con el auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
En su auto, la juez también incorpora el testimonio de un testigo protegido que señaló que se les dio la orden genérica a todos los equipos para informar de los movimientos de Guardia Civil y Policía, así como la actitud de los Mossos a la llegada de los agentes de la Benemérita a los colegios electorales de «total pasividad, incluso al ser agredidos los guardias por la gente congregada y de total alejamiento respecto de los guardias civiles, desoyendo sus peticiones de colaboración».
También se refiere a las indicaciones que se dieron en los 'briefings' --encuentros informales-- en las que se les prohibió un gran número de acciones, entre ellas entrar a la fuerza o que no hicieran uso de la defensa, por lo que muchos agentes optaron por no llevarla.