La Guardia Civil apunta que la Generalitat realizó pagos destinados al referéndum ilegal del 1 de octubre camuflados en distintos gastos que fueron gestionados por la asociación civil independentista Òmnium (61.879 euros ) y por la coalición en el Gobierno JxSí (17.690,20 euros), según se desprende del informe remitido al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga la causa del proceso soberanista por delitos de rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos.
El informe, de fecha del pasado 27 de marzo y al que ha tenido acceso Europa Press, obra en la pieza separada sobre la malversación en el proceso soberanista cuyo secreto fue levantado este miércoles y detalla que la Generalitat, a través de Secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia de la Generalitat, utilizó Òmnium «como sociedad interpuesta» para realizar labores relacionadas con la solicitud a empresas de artes gráficas y distribución de carteles propagandísticos en los que se llamaba a la población a votar.
La elaboración y difusión de estos carteles con el sello de la Generalitat, las gestionó Òmnium para ocultar que era la propia Generalitat la que sufragaba gastos de estos carteles, que la Guardia Civil fija en 61.879 euros entre impresión y reparto.
En otro momento del informe se informa a Llarena que ya se dio cuenta al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona --que investiga la organización del 1-O-- de la documentación aportada por el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) que desvela que el grupo parlamentario JxSí abonó 17.690,20 euros para un acto celebrado el 4 de julio de 2017.
Otro punto novedoso del informe señala que las instituciones Delegación del Gobierno de la Generalitat de Catalunya ante la Unión Europea y el Patronat Catalunya Món-Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat), dependientes del procesado en prisión preventiva y exconsejero de Exteriores Raül Romeva han asumido gastos de fondos públicos que alcanzan la cantidad, según la Guardia Civil, de 217.656,22 euros.
No obstante, añade el informe que «hasta la fecha no se ha llevado a cabo la ejecución» de estos mandamientos.
Los datos obran en un informe que detalla los gastos por partidas y acredita una supuesta malversación 1.915.067, 22 euros por parte de la Generalitat a los que habría que sumar los 17.690,20 euros supuestamente desviados por el grupo parlamentario JxSí.