La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado este jueves que el Gobierno estudia fijar un tratamiento fiscal «adecuado» para la economía colaborativa, fundamentalmente para plataformas de sectores de alojamiento o transporte, entre las que se encuentran empresas como Airbnb, Uber o Cabify.
«Hay plataformas dedicadas a este servicio que generan miles de millones y no tributan de manera adecuada, porque la fiscalidad actual no reconoce este tipo de actividad y entran en competencia desleal con sectores tradicionales», ha afirmado Montero durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado para explicar las líneas generales y los objetivos de su Ministerio.
Montero ha advertido de que el Ejecutivo no va a hacer «dejación de responsabilidades políticas» porque algunas formaciones «se empeñen en derribar al Gobierno», sino que busca pactos con quienes estén dispuestos a hacer «concesiones» desde una vía «responsable».
Por ello, trabaja en los Presupuestos de 2019 para que sean «más sociales, igualitarios y redistributivos», para lo que contará con 125.000 millones de euros, una cantidad que permitirá el desarrollo de políticas en pro de una recuperación económica «más justa», ya que aún no ha llegado a «muchos hogares».
A este respecto, ha defendido que la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para eliminar el veto de la Cámara Alta al déficit no constituye un «menosprecio» ni una «falta de atención», sino que se trata de una disfunción normativa, por lo que el Ejecutivo continuará con su «interés legítimo y democrático» para que vea la luz la proposición de ley que sortearía ese veto y permitiría establecer la senda de déficit del Gobierno socialista, que conlleva un margen adicional de 6.000 millones de euros.
SOCIEDADES: «LAS PYMES PAGAN MÁS QUE GRANDES COMPAÑÍAS»
Respecto a la fiscalidad, ha vuelto a defender que «paguen más lo que más tienen y que reciban más lo que más lo necesitan en términos de salud, educación o de ayudas al alquiler», por lo que ha abogado por una «redefinición de la fiscalidad» que, ha asegurado, «no va a afectar en modo alguno ni a la clase media ni a la clase trabajadora».
Según Montero, la nueva fiscalidad está pensada en forma de «revitalización de los servicios públicos» y de reducir las «enormes» desigualdades sociales. Aunque todavía no se puede dar por definitivo «ninguno de los aspectos que conforman los PGE», Montero ha detallado los principales cambios tributarios que incluirán las nuevas cuentas públicas.
En concreto, ha afirmado que se subirá el IRPF a rentas superiores «a 140.000 o 150.000 euros», es decir a aquellos que ganen más de 10.000 euros al mes. Así, ha recordado que el sueldo más frecuente en España es de 16.497 euros brutos anuales, por debajo de 1.000 euros al mes.
Además, verá la luz un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para grandes corporaciones, de forma que «no puedan valerse del elevado número de bonificaciones y exenciones» que hacen que las grandes compañías tributen a un tipo más bajo.
En este sentido, ha indicado que el último boletín recaudatorio refleja que las grandes corporaciones tributan a un tipo efectivo menor que las pequeñas empresas, ya que las empresas que facturan menos de 8 millones de euros pagan más que los que se sitúan por encima de ese nivel.
De hecho, ha asegurado que actualmente se recauda por Sociedades menos que en 2007, a pesar de que el volumen de negocio es igual o superior al de ese año.
SUBIDA DEL DIÉSEL Y BAJADA DEL IVA DE PRODUCTOS DE HIGIENE FEMENINA
En el ámbito europeo ha criticado el «retraso» en una fiscalidad común y el espacio único europeo para que haya figuras fiscales «homologables», si bien ha valorado que la Comisión Europea trabaja «intensamente» con propuestas como que las compañías digitales declaren y graven sus beneficios allí donde su negocio alcanza un volumen determinado.
También ha detallado Montero que se están explorando «distintas opciones» sobre el impuesto de transacciones financieras, que se constituirá «en línea con Europa», y se estudia un «tratamiento fiscal adecuado» para plataformas de economía colaborativa.
Igualmente, se llevará a cabo una revisión «profunda» de la fiscalidad verde para combatir los daños del cambio climático en la salud, un paquete de medidas en el que trabaja el Ministerio de Transición Ecológica en el marco de una nueva ley.
En este contexto, se reducirá el diferencial de la tributación entre la gasolina y el diésel, aumentando el gravamen del gasóleo, sin afectar a transportistas ni autónomos, al tiempo que se reducirá el IVA de los productos de higiene personal femenina del 10% actual al tipo superreducido del 4%, ya que la fiscalidad actual es «discriminatoria».
LISTA DE MOROSOS Y LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE
La titular de Hacienda, que ha asegurado que el nuevo modelo fiscal se dirige a «blindar» el Estado de bienestar, también ha explicado que se simplificarán las arquitectura fiscales «complejas» actuales para «ponerle una alfombra» a los inspectores de Hacienda allí donde se detecten bolsas de fraude.
El Gobierno aprobará una ley de prevención y lucha contra el fraude para poner «luz y taquígrafo» a los complejos tramados societarios y contribuir a que la Agencia Tributaria cuente con los instrumentos necesarios.
A su vez, hará publica la lista de morosos con Hacienda incluyendo a los responsables solidarios y colaboradores, para que «se sepa quien está detrás de compañías que no cumplen con obligaciones fiscales», algo que puede ser hasta «disuasorio».
La ministra ha justificado todos estos cambios tributarios con el hecho de que España presenta un diferencia del 8 puntos del PIB en recaudación tributaria con los países del entorno, por lo que cree que hay «margen» para aproximarse sin que suponga una «carga añadida» para los ciudadanos.
«Hay que aspirar a una fiscalidad que supere la diferencia de ingresos, y estar en las mejores cotas del desarrollo de Estado de bienestar», ha enfatizado.