El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la ministra de Sanidad, Bienestar Social y Consumo en funciones, María Luisa Carcedo, han asegurado a una veintena de ONG y asociaciones que combaten la desigualdad, su «voluntad» de «continuar combatiendo las desigualdades y aplicando las políticas de justicia social que resuelvan los lacerantes problemas que tienen algunos colectivos, de exclusión social y de pobreza».
Así se lo han trasladado a la veintena de organizaciones con las que se han reunido este martes 6 de agosto en Madrid para «recabar las propuestas y sugerencias» de estos colectivos, que les han trasladado la «necesidad de disponer de un gobierno a la máxima prontitud posible».
«Ha sido una reunión fructífera con puntos de encuentro sobre la mayoría de las políticas sociales y sanitarias que necesita la sociedad. Se han puesto encima de la mesa aquellos caminos por los que debe transitar nuestro sistema social, nuestra economía, para continuar combatiendo las desigualdades y aplicando las políticas de justicia social que resuelvan los lacerantes problemas que tienen algunos colectivos, de exclusión social, de pobreza y combatir las desigualdades en el ámbito sanitario», ha subrayado Carcedo.
La ministra ha asegurado en declaraciones a los medios, a la salida del encuentro, que muchas de las propuestas de las organizaciones ya las conocían y que la «voluntad» del presidente del Gobierno en funciones es «recoger todas las propuestas para diseñar un documento para tener un gobierno progresista lo más pronto posible».
En la reunión han participado, entre otras organizaciones convocadas, Save The Children, UNICEF, la Plataforma de Infancia, la Plataforma del Tercer Sector, el CERMI, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, la Plataforma de ONG de Acción Social, Cáritas y Cruz Roja Española.
También han estado presentes la Plataforma de la Dependencia de España, el Consejo de la Juventud de España, el Consejo Estatal de Personas Mayores, la ONCE y la Fundación ANAR, según ha informado el PSOE.
Igualmente, han asistido la FAD, la Asociación de Acceso Justo al Medicamento, el Consejo de Trabajo Social, el Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales, la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Oral, la Plataforma de Pacientes, Alianza de Pacientes y Salud Mental España, así como expertos en salud pública.
La reunión, que se enmarca en la ronda de consultas que ha iniciado Pedro Sánchez con la sociedad civil de cara a la investidura, ha comenzado a las 17,00 horas de este martes en 'La Próxima Estación', un espacio polivalente en Príncipe Pío, en Madrid.
PIERDEN LOS MÁS VULNERABLES
Por su parte, las organizaciones convocadas han trasladado a Sánchez la «necesidad de tener un gobierno urgente» y de un «acuerdo de gobierno que apueste por necesidades reales, como la ley para proteger a la infancia de la violencia y mejorar las políticas de protección social».
Así lo ha indicado la directora de políticas de infancia de Save The Children, Ana Sastre, en nombre de las organizaciones presentes en la reunión. «Todos tenemos claro que mientras no haya gobierno, pierden los más vulnerables, es necesario tener políticos comprometidos, que lleguen a un acuerdo para empezar a aprobar políticas que lleguen a los ciudadanos, con un compromiso social», ha enfatizado Sastre.
En concreto, Save The Children ha reclamado a Sánchez que impulse la Ley contra la Violencia a la infancia en los primeros meses de legislatura; y junto a otras ONG también ha pedido desarrollar una estrategia integral para la protección de la infancia migrante y refugiada no acompañada, así como adoptar por ley un nuevo procedimiento de determinación de la edad.
A estas peticiones se ha sumado la de la Plataforma de Infancia, que ha planteado a Sánchez firmar un Pacto de Estado por la Infancia en la próxima legislatura. Así lo ha trasladado el presidente de la Plataforma, Adolfo Lacuesta.
Por su parte, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha trasladado al presidente del Gobierno en funciones «la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las organizaciones sociales, que «defienden los derechos sociales, impulsan las políticas inclusivas y mejoran las condiciones de vida de los colectivos vulnerables». Además, ha defendido la reforma de la Constitución Española para dotar con rango de fundamentales los derechos sociales, económicos y culturales.
Desde el CERMI, dos de los vicepresidentes de la entidad, Concha Díaz y Santiago López Noguera, y la directora ejecutiva, Pilar Villarino, han pedido a Sánchez retomar el proyecto de reforma constitucional iniciado en la anterior legislatura, con el fin de modificar el artículo 49 de la Carta Magna para reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y actualizar la terminología; y le han exigido una reforma del Código Penal para erradicar las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, entre otras peticiones.