Los bancos y fondos de inversión tendrán la obligación de ofrecer una vivienda de alquiler social a los ciudadanos a quienes desahucien y el alquiler no podrá superar el 30 por ciento de los ingresos totales. Es una de las medidas que incluyó el Govern en un decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y que fue cuestionado por el Gobierno. Madrid amenazó con presentar un recurso de inconstitucionalidad, pero finalmente acepta la propuesta que aprobó el Parlament balear.
El acuerdo al que han llegado ambas administraciones para evitar el recurso al Constitucional introduce una matización respecto al régimen sancionador. Si el gran tenedor no realiza esta oferta a la persona a la que pretende desahuciar, se enfrentará a una sanción administrativa de entre 30.000 y 90.000 euros. La sanción no se aplicará en el caso de que el desahuciado no acepte la propuesta.
Por el contrario, el Govern deberá modificar otro aspecto del decreto ley para evitar acabar en el Constitucional. El acuerdo que han suscrito las dos administraciones para evitar el recurso obliga a Balears a introducir un matiz cuando se quiera comprar un piso a un banco o fondo de inversión.
Tanteo y retracto
Cuando dos grandes tenedores lleguen a acuerdos de compra-venta de su parque inmobiliario, el Govern podrá ejercer el derecho de compra preferente sobre estas viviendas. Es el llamado derecho de tanteo y retracto, sis- tema por el que el Ejecutivo ya ha adquirido ocho pisos.
El Gobierno amenazó con presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida porque el decreto ley daba poder al Govern para fijar el precio de compraventa. Balears salvará la ley al incorporar en el texto que el precio de compra no lo fijará la administración, sino el comprador.
El Govern asegura en un comunicado que se trataba de un error de redacción del decreto y que, por lo tanto, ya ni siquiera se aprobó en estas primeras ocho operaciones de compraventa.
El Ejecutivo añade que el acuerdo con el Gobierno no afec- ta al procedimiento, que seguirá siendo el mismo: los grandes tenedores comunican su intención de vender, informan del precio de venta y los técnicos de la Conselleria deciden si la propuesta es interesante y si se opta o no por ejercer el derecho de tanteo y retracto para quedarse con los in- muebles a precio de mercado.