Los socios parlamentarios del Gobierno han exigido este martes al presidente, Pedro Sánchez, una alternativa al fin del estado de alarma programado para el próximo 9 de mayo, y de hecho algunos no descartan incluso apoyar la tramitación del 'plan b' jurídico promovido por el PP.
En la misma línea de lo que ya le trasladaron al jefe del Ejecutivo la semana pasada durante su comparecencia en el Pleno, ERC, Bildu, Mas País, PDeCAT y Compromís han denunciado que a escasos veinte días del fin del estado de alarma el Gobierno siga sin poner encima de la mesa ninguna medida que de certeza jurídica a las decisiones que las comunidades adopten a partir del próximo día 9.
Coinciden en que es el Gobierno el que debe liderar esta situación pero no rechazan la posibilidad de respaldar la tramitación de la proposición de ley que el PP registró la semana pasada y que articula un 'plan B' jurídico a través de la legislación ordinaria para evitar tener que recurrir en el futuro a la medida excepcional del estado de alarma.
La Mesa de Congreso ha calificado este martes el texto de los 'populares' pero, de entrada y salvo acuerdo de los grupos de última hora, todo apunta a que esta iniciativa no se podrá discutirse antes del día 9, puesto que las dos próximas semanas no hay previsto plenos.
Uno de los partidos más críticos con la actitud del Gobierno ha sido Esquerra Republicana (ERC). Su portavoz, Gabriel Rufián, no ha descartado apoyar la tramitación de la iniciativa del PP porque están dispuestos «a enmendar cualquier irresponsabilidad», como la que, a su juicio, supone que Sánchez comunicase a las comunidades autónomas el fin del estado de alarma «vía titulares».
«Por encima de todo está la salud», ha dicho Rufián, quien ha recordado que el Ejecutivo se comprometió a crear un nuevo marco legal para no tener que recurrir a un estado de alarma «bastante nocivo» para con según qué libertades, «y nada de eso se ha cumplido». «Así que, sí, estamos dispuestos a enmendar cualquier irresponsabilidad como la que estamos viviendo», ha insistido.
El independentista catalán ha denunciado el «silencio» del Gobierno ante qué pasará cuando acabe el estado de alarma y ha mostrado sus sospecha de que no quiere anunciar medidas antes de las elecciones a la Comunidad de Madrid en tanto que «se enfrentan a un latifundio creado por (Isabel Díaz) Ayuso» y al miedo a que les reste voto impedir a los ciudadanos «tomar cañas».
También el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha criticado la «inacción» del Gobierno que, en su opinión, «vive al día», y le ha pedido que lidere una alternativa al estado de alarma y que el paragüas jurídico que se arme se discuta y apruebe en el Congreso.
«No estoy de acuerdo con que las medidas restrictivas se puedan trocear y decidir en función de la apetencia de cada gobierno (autonómico)», ha defendido Errejón, antes de añadir que su partido estudiará la propuesta del PP pese a que, de entrada, cree que tiene aspectos «constitucionalmente delicados» y que los de Pablo Casado la han registrado a sabiendas que de no dará tiempo a discutirla antes del día 9. «El objetivo no era llegar a tiempo sino crear fuegos artificiales en campaña electoral», ha apostillado.
En la misma línea, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, considera que el Gobierno tendría que tener «alguna posición» tras el fin del estado de alarma para que las comunidades autónomas tengan la certeza a partir del 9 de mayo de que no habrá sentencias «contradictorias» a medidas similares.
Ahora bien, ante la inexistencia de alternativas, ha avanzado que su partido «no estaría en contra» de facilitar el trámite parlamentaria de la propuesta del PP porque lo esencial es «buscar soluciones» que den seguridad jurídica, vengan de quien vengan.
En el PDeCAT, el diputado Ferran Bel también ha apuntado que «lo razonable» sería que el Gobierno «reaccionase» y diese una alternativa al fin del estado de alarma para advertir de que si ésta no llega, estudiarán el texto de los 'populares'.
También lo analizarán en Bildu pese a que su portavoz, Mertxe Aizpurua, ha señalado que el PP no le ha hecho llegar su propuesta pero, en todo caso, cree que sería «curioso» que el PP liderara un 'plan b' al estado de alarma cuando en estos meses no sólo no ha apoyado ninguna de las iniciativas para hacer frente a la pandemia sino que las ha «boicoteado».
Con todo, Aizpurua sostiene que «no es de recibo» mantener esta situación de inseguridad jurídica hasta el 9 de mayo y que hasta la fecha el Gobierno «no diga nada» cuando lo que tiene que hacer poner. A su juicio, el Ejecutivo debe acordar con las comunidades autónomas y con los partidos que le han apoyado durante el estado de alarma el paraguas jurídico para que las decisiones que se adopten a partir del día 9 no dependan de las decisiones de los jueces.