El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha anunciado este jueves que va a reformar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de manera que se establezca la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir en un plazo máximo de tres años las plazas ocupadas por personas sin contrato fijo.
Así lo ha señalado durante su comparecencia en la Comisión de Función Pública en el Senado, donde ha remarcado su compromiso de reducir la tasa actual de temporalidad en las administraciones a través de medidas «eficaces que eviten nuevas bolsas de empleo temporal».
«El objetivo es desarrollar medidas objetivas para prevenir y sancionar el abuso y fraude en la temporalidad, que se ponga el énfasis en su excepcionalidad y se delimite su duración máxima», ha explicado Iceta.
El ministro ha explicado que la temporalidad es un problema que alcanza al conjunto de las administraciones, pero que en la Administración General del Estado (AGE) es menor que en otros ámbitos, ya que ronda el 8%, mientras que en la administración autonómica supera el 30% y se concentra en salud y educación, y en los ayuntamientos es del 13%.
«Cierta temporalidad es aceptable e incluso necesaria en algunas circunstancias, pero si una persona realiza una tarea en la Administración que es permanente, lo normal es que la realice con un contrato fijo y no desde una temporalidad que precariza el empleo y que le hace difícil que se plantee su futuro», ha apuntado.
Iceta ha apuntado que espera encontrar puntos de encuentro entre todas las partes para la definición de medidas concretas que permitan alcanzar los objetivos en materia de temporalidad, «previniendo los abusos y estabilizando el empleo».
Respecto a la estabilización de los puestos de trabajo, ha dicho que se va a realizar un nuevo proceso y que espera que sea el último que se promueve para dar carácter fijo al personal interino.
«Vamos a intentar hacer las cosas bien y mantenemos ese criterio de que la tasa de temporalidad no exceda el 8% en el conjunto de las administraciones», ha subrayado Iceta, que quiere abordar los problemas de la Función Pública «a la mayor brevedad posible».
En este sentido, ha recordado que el pasado 25 de marzo se reunió la Comisión de Coordinación del Empleo Público y que es en ese marco en el que se deben discutir los criterios y tener una radiografía, «lo más precisa posible» de la situación de temporalidad en el conjunto de las administraciones.
Asimismo, ha afirmado que además de reformar el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, esta Comisión está trabajando en la concreción de los criterios que tendrá el nuevo proceso de estabilización y en las tasas de reposición «flexibles» a aplicar para «poder absorber en un plazo razonable las plazas estructurales ocupadas bajo fórmulas de interinidad».
ACUERDO ANTES DE VERANO
El ministro ha explicado que espera que, antes del verano, las comunidades autónomas, las entidades locales y los sindicatos alcancen un acuerdo sobre todas estas cuestiones.
Por otro lado, ha dicho que el Gobierno quiere aprobar en septiembre el anteproyecto de Ley de Función Pública en la AGE para «consolidar un modelo público eficaz y motivador con una materia de recursos humanos más flexible».
«El compromiso del Gobierno y del presidente, Pedro Sánchez, está con los servidores públicos y mi propósito es el de hacer valer ese compromiso y tratar de mejorar sus condiciones de trabajo, consolidar sus empleos e incrementar su valoración ciudadana», ha añadido, tras afirmar que los trabajadores públicos merecen «todo el respeto y reconocimiento».
También ha resaltado que el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia servirá para potenciar la recuperación económica y para adecuar el modelo productivo a los requerimientos de la nueva sociedad siglo XXI.
Asimismo, ha subrayado que se van a invertir 1.000 millones de euros de los 4.000 millones en el componente 11 del Plan, que contempla la modernización de la Administración para que pueda seguir desempeñando su labor de cohesión social.
De estos 1.000 millones, 970 millones corresponderán a las comunidades autónomas y entidades locales y 30 millones los gestionará el Ministerio. «Estamos terminando de diseñar los criterios que deben informar de los proyectos que desarrollaremos», ha apuntado.