El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos cerró tras semanas de negociaciones un acuerdo sobre la nueva ley de vivienda y sobre los Presupuestos de 2022 en una reunión celebrada ayer a la que asistió el presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta, Yolanda Díaz.
Entre las nuevas medidas acordadas destaca la creación de un bono vivienda dotado con 250 euros mensuales destinado a los jóvenes de entre 18 y 35 años y con rentas inferiores a 23.725 euros para facilitar su emancipación.
El bono estará vigente durante los dos próximos años, detalló Sánchez, quien defendió que una recuperación justa implica facilitar el acceso a la vivienda, a la vez que subrayó que España debe conseguir «adelantar» la edad de emancipación de los jóvenes y situarse en la media europea, que es de 26 años.
Sánchez hizo este anuncio durante el acto de inauguración del I Foro Urbano de España y que arranca después de la aprobación de la Agenda Urbana. Adelantó además que dicho bono joven se va a complementar con más ayudas directas al alquiler de hasta el 40 por ciento de su valor para las familias más vulnerables.
Recursos
Dichas medidas forman parte del acuerdo alcanzado entre los socios de gobierno para aprobar una ley estatal de vivienda, un «hito sin precedentes» en la acción legislativa que va «a ofrecer cobertura jurídica a la vivienda social y la vivienda protegida».
Junto a la primera Ley Estatal de Vivienda, el Gobierno está trabajando en la Ley de Calidad de la Arquitectura, y apostilló: «Vamos a actuar desde todos los ámbitos para que nuestras ciudades sean protagonistas de la recuperación justa».
Resaltó además los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros para impulsar la rehabilitación residencial, un «despliegue formidable» de recursos económicos para hacer que las viviendas sean más eficientes energéticamente y para impulsar la «cohesión y equidad» en el conjunto de las ciudades, además de dar empleo a las pequeñas y medianas empresas.
El primero de los decretos incluye la regulación de las subvenciones a la rehabilitación en el marco del plan de recuperación, con un presupuesto de 2.900 millones de euros. «Será un despliegue formidable de recursos económicos para hacer que las viviendas sean mas eficientes», resaltó el presidente del Gobierno. Por su parte, el segundo decreto modifica algunos «elementos concretos» que han «complicado mucho» la rehabilitación de viviendas, explicó. Se trata de modificar la ley de propiedad horizontal para facilitar a las comunidades de propietarios la toma de decisiones para la rehabilitación energética de viviendas.
Además, dentro del acuerdo alcanzado, según explicaron fuentes de Podemos, incluye la regulación de precios para bajar por ley los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado y la retirada de privilegios fiscales.
Para los grandes propietarios –uno de los aspectos que preocupaba mucho a los socialistas– se congelan los precios y se les incentiva para que bajen la renta a sus inquilinos. Se contempla un impuesto para gravar la vivienda vacía a través del recargo del IBI hasta el 150 %, que podrán aplicar los ayuntamientos.
La nueva ley apuesta por el parque público de alquiler, con una reserva del 30 % de todas las promociones para vivienda protegida (de este 30 %, la mitad irá destinado a alquiler social).
La diputada de En Comú Podem Aina Vidal celebró que el PSOE «finalmente haya entrado en razón». Se salva de este modo, dijo Vidal en rueda de prensa en el Congreso, «el escollo más importante» para que Unidas Podemos apoye los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Y así fue. El PSOE y Unidas Podemos sellaron un acuerdo posteriormente para la aprobación de los Presupuestos tras desbloquear la polémica ley de vivienda.