Los servicios de prevención de riesgos laborables de las empresas son los que valorarán cómo ha de utilizarse las mascarillas en el trabajo a partir del 20 de abril, cuando dejarán de ser obligatorias en interiores, incluidos los colegios, salvo en centros sanitarios y sociosanitarios y en los transportes. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, llevará la nueva normativa sobre el uso del cubrebocas a la reunión del Consejo de Ministros el 19 de abril con el objetivo de que sea publicado en el BOE al día siguiente, tal y como ha anunciado este miércoles en el primer Consejo Interterritorial ordinario del año celebrado en Toledo. España dirá así adiós a casi dos años de obligatoriedad de la mascarilla, la última de las restricciones visibles de la pandemia; y lo hará tres semanas después de que haber inaugurado una nueva etapa en la que ya solo se cuentan casos graves y en entornos vulnerables y los leves y asintomáticos ya no deben aislarse.
Fue el 21 de mayo de 2020 cuando entró en vigor la orden con la que el Ministerio de Sanidad, entonces liderado por Salvador Illa, impuso su uso para mayores de 6 años en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o abierto al público, siempre que no fuera posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros. Aquella orden dio lugar, en la práctica, a un verano de situaciones dispares entre comunidades por la interpretación de la distancia interpersonal al aire libre, aunque poco a poco fueron endureciendo la norma hasta imponerla independientemente de la separación distancia de seguridad en cualquier espacio.
Dónde será obligatoria
El nuevo real decreto que la ministra Darias elevará al Consejo de Ministros el próximo martes 19 de abril eliminará la imposición en interiores a excepción de «aquellos espacios en los que puede haber personas con vulnerabilidad»: centros sanitarios y sociosanitarios y en los transportes. De esta forma, tendrán que llevarla trabajadores y visitantes de centros asistenciales y sociosanitarios -especialmente, residencias de mayores-, pero no los residentes porque al fin y al cabo «es su casa», a menos que estén compartiendo espacios comunes, ha especificado la ministra en una rueda de prensa conjunta con el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz. Mientras que en otros lugares será una «recomendación de uso responsable, especialmente cuando hay aglomeraciones y cuando se trate de personas vulnerables», de acuerdo con lo que han propuesto los expertos de la ponencia de alertas. También tendrá que seguir usándose en los transportes, si bien la ponencia aún debe definir más cómo se usará y en qué medios, condiciones que se plasmarán después en el real decreto, que se limitará a plasmar las obligaciones, pero no las recomendaciones. En el ámbito escolar, «por supuesto», no habrá que llevar ya mascarilla aunque a los profesores con factores de vulnerabilidad se les aconsejará que se la pongan, ha detallado la ministra.
Usos responsables
Por el contrario, los alumnos ya no tendrán que utilizarla «en el ámbito escolar», aunque sí se recomienda a los profesores con factores de vulnerabilidad que se la pongan, al igual que otras personas con estas mismas condiciones en las que no puedan mantener 1,5 metros de distancia interpersonal. En los centros de trabajo, serán los servicios de prevención de riesgos laborales los que valoren la necesidad de llevar mascarillas, si bien los expertos aconsejan llevarla cuando la distancia interpersonal sea inferior a 1,5 metros y no pueda garantizarse la ventilación adecuada del espacio. Asimismo, en otros espacios cerrados de uso público como comercios, otros en los que las personas permanecen un tiempo prolongado sin comer ni beber (cines, teatros, salas de conciertos, museos, etc.) o en los que sí lo hacen (bares, restaurantes, locales de ocio nocturno…) lo que recomiendan es un «uso responsable» del cubrebocas, al igual que en el entorno familiar, las reuniones de amigos y celebraciones privadas.
Práctica unanimidad
La propuesta de Sanidad, una decisión «pensada, valorada y sopesada», ha contado con la «práctica unanimidad» de los consejeros -Asturias se ha abstenido y Madrid, que quería la retirada fuera inmediata, se ha opuesto-. «El consenso es lo que impera en los Consejos Interterritoriales», ha valorado la ministra. Un nuevo «punto de inflexión» en la pandemia que empezó hace dos semanas, cuando arrancó la nueva estrategia de vigilancia de la covid por la que solo se cuentan los casos graves y en entornos vulnerables y las personas leves y asintomáticas no deben aislarse. Lo cual no significa que se haya dejado de monitorizar, sino que ahora «se focaliza la métrica en las personas mayores de 60 años», que son los más frágiles al virus. Todo ello ha sido posible gracias al «altísimo nivel de inmunización» y una situación epidemiológica que se encuentra «en un contexto favorable», por eso han tomado esta decisión «contando asesoramiento de las personas expertas».