El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos que el PP y cuatro comunidades autónomas –Balears, Madrid, Andalucía y Cataluña– presentaron contra distintos artículos de la ley de vivienda al considerar, entre otras cuestiones, que la norma invade competencias autonómicas, según informó ayer la corte de garantías.
Fue el pasado 27 de abril cuando el Congreso dio luz verde al proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda con un respaldo de 176 votos que representan la mayoría absoluta del hemiciclo, frente a 167 en contra. El Senado dio su aprobación definitiva el 17 de mayo tras haber recibido más de 300 enmiendas parciales y seis vetos –los de PP, el PNV, Junts per Catalunya, Cs, Vox y UPN–.
El Govern balear optó por acudir al Constitucional al ver indicios de inconstitucionalidad en cinco artículos de la norma. Mientras que el Parlament de Cataluña acordó impugnar la norma al entender que ésta invade competencias autonómicas en materia de vivienda, así como el principio de autonomía financiera y gasto. El Gobierno de Madrid también recurrió la ley al considerar que se «extralimita» en la interpretación de las competencias del Estado y que la capacidad de poner ‘topes' al alquiler lo que podía provocar era que aumentasen los precios.
La Junta de Andalucía recurrió 18 artículos de la ley y el PP apuntó que el texto dificultaría la expulsión de okupas e inquilinos que dejasen de pagar.