Un veintena de personas convocadas por el Colectivo de Trabajadoras sexuales han protestado este martes 21 de mayo contra la ley del PSOE para prohibir el proxenetismo en una concentración frente al Congreso de los Diputados, que esta tarde debate su toma en consideración.
Así, con carteles con mensajes como: «Sin putas no hay feminismo», «Puto Gobierno cabrón, no a la abolición» y «Necesitamos más derechos y menos rescate» se han mostrado en contra de la iniciativa.
La representante del Colectivo de Trabajadores Sexuales Susana Pastor ha señalado en declaraciones a los medios «la abolición no va a ser beneficiosa» para las «más de 200.000 personas trabajadoras sexuales».
«Hemos visitado países donde está abolida y que ha sido una desgracia, que Suecia hace más de 10 años que no saca ninguna estadística porque ha sido un fracaso absoluto, que Francia sí que ha admitido que ha sido un fracaso y que desde luego la abolición no es la solución a la prostitución, que estas personas precisan unos derechos», ha apuntado.
Igualmente, ha recalcado que la proposición de los socialistas «no dice nada» y ha denunciado que «lo único que hace es penalizar». Además, ha explicado que hay que seguir «hacia adelante» pero para ayudar a las personas «trabajadoras sexuales», «no para invisibilizar, llevarlos a la practicalidad y a la clandestinidad».
Precisamente, Sumar ha anunciado este martes en rueda de prensa en el Congreso que votará en contra de la iniciativa, por lo que la clave para su tramitación sería el PP. En este sentido, Pastor ha agradecido al socio de Gobierno del PSOE su apoyo «porque por fin han entendido que estas mujeres se merecen un respeto y hombres, porque yo siempre digo que también existen hombres, aunque la gente no quiera».
"LEY ABSOLUTAMENTE DESCUIDADA, DESPROPORCIONADA Y CRIMINALIZADORA"
En cuanto a la posible abstención de los 'populares', Pastor ha dicho que esperan «que piensen, recapaciten y que ya que dicen que están en contra, que voten en contra de la ley de Sánchez, la ley estrella, además una ley absolutamente descuidada, desproporcionada y criminalizadora, que lo único que va a llevar es desgracia».
Asimismo, ha criticado a los socialistas no se hayan puesto en contacto con el colectivo. «Hemos tenido que ir siempre nosotros a buscarlos a ellos. Y les hemos mandado informes y sobre todo les hemos desmontado el 95% de trata que dicen que desde luego en los informes del Ministerio de Interior del Gobierno de España aparece que no es verdad. Hay un 3,5%, de ese 3,5% entra la prostitución infantil, las niñas tuteladas y la prostitución real, que es un 1,1%, y por un 1,1% vamos a abolir una prostitución», ha asegurado.
También se ha referido a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a quien ha pedido «que piense en lo que está haciendo» y que mire «por la igualdad». «La prostitución son mujeres tan dignas como cualquier otra mujer y no compararlas como trozos de carne, que es lo que están haciendo». Somos personas, por favor. Y los trabajadores somos trabajadores. Ni somos proxenetas, ni nuestros clientes son violadores, ni las personas somos trozos de carne. Somos trabajadores que decidimos trabajar en un trabajo diferente", ha afirmado.
La iniciativa, que tiene rango orgánico y por tanto su aprobación necesitará más adelante el apoyo de al menos mayoría absoluta (176 votos), implica modificar varios artículos del Código Penal para endurecer el castigo al proxenetismo en todas sus formas.
TRES CAMBIOS EN EL CÓDIGO PENAL
En concreto, el texto modifica el artículo 187.2 para subir la pena de prisión de dos a cuatro años, en lugar de uno a tres que hay ahora, «a quien, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma».
También cambia el 187.3., donde se incluye una nueva letra que añade que «agrava la penas cuando la víctima sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor».
Finalmente, el último cambio se encuentra en el 187.ter 2., que refleja que, en el caso de que la persona que presta el acto de naturaleza sexual fuese menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad, se impondrá la pena de prisión de uno a tres años y multa de 24 a 48 meses, en lugar de 18 a 24 meses «para adecuarlo a lo que dispone el Código Penal» (la extensión máxima de la pena de multa no puede superar los 24 meses).