El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por hechos que podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios, ha respondido a la defensa de la investigada que en su juzgado sigue investigando «dos bloques» que no tienen relación con los contratos adjudicados a sociedades del empresario Juan Carlos Barrabés --parte que se quedó por avocación la Fiscalía Europea--.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Juan Carlos Peinado responde así al escrito presentado por la defensa de Gómez, dirigida por el exministro Antonio Camacho, que solicitó la semana pasada al juez que aclarara qué hechos conforman la causa después de que haya asumido la decisión de la Fiscalía Europea de quedarse con la parte relativa a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es.
Peinado señala que en la respuesta de la Audiencia Provincial de Madrid al recurso de Fiscalía en el que pedía archivar el caso no tiene por qué entenderse que rechaza que se siga investigando, por ejemplo, lo que tiene relación con una posible intervención de Gómez en el rescate de Globalia.
«Es una interpretación subjetiva, que extrae una conclusión interesada y no ajustada a la realidad, pues en el auto resolviendo el recurso de apelación, no se contiene esa afirmación, sin perjuicio de que se haga referencia a esos contratos como indicativos de claros indicios», apunta el juez.
En concreto, el auto de la Audiencia Provincial señalaba que en la denuncia originaria de la causa --de Manos Limpias-- existía «un primer bloque fáctico inverosímil o con datos erróneos» y otro bloque referido al rescate de Globalia «en el que la vinculación de la denunciada es, con los datos que se cuenta, una simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales».
Añadía que existía un tercer bloque fáctico relativo a las ayudas de la UTE participada Innova Next SLU --de Barrabés-- en que «sí aparecen ya datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación».
Pero ahora, el juez subraya que el auto de la Audiencia Provincial de Madrid sólo tuvo en consideración «lo que en el momento de la interposición del citado recurso --del fiscal-- constaba en las actuaciones». Es decir, añade, sólo tuvo en cuenta la denuncia de Manos Limpias y las informaciones de dos medios de comunicación.
«En ese momento se carecía de los nuevos documentos aportados por los testigos, así como el primer informe emitido por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, comisionados en las presentes diligencias», recuerda Peinado.
Así, recuerda que si bien la Fiscalía Europea se ha quedado con lo concerniente a los expedientes de Red.es con los que se hizo una UTE participada por una empresa de Barrabés, aun quedan los otros dos bloques «que no conciernen a esos contratos».
Precisamente, en uno de esos bloques, el relativo al rescate de Globalia, la propia Audiencia Provincial decía en su auto que era «una simple conjetura» pero teniendo en cuenta los datos con los que contaba el tribunal para analizarlo. Matizaba que podrían llegar nuevos datos y que en todo caso «quizá hubiera merecido activar controles administrativos previos garantes de los principios de transparencia y buen gobierno».
Peinado, en su nueva providencia, recuerda a la defensa de Begoña Gómez que el secreto ya está levantado en la causa, por lo que puede consultar los hechos «por los que se sigue llevando a cabo las diligencias de instrucción, que son competencia de este Juzgado».
«Son todos los que constan en las actuaciones que, como se ha dicho, pueden ser conocidos cuando estime conveniente, y a los que puede tener acceso en cualquier momento la representación procesal de la investigada», subraya.
Con esta decisión, el juez apuntala de alguna forma la declaración como investigada de Begoña Gómez, prevista para el 5 de julio.
LA DENUNCIA DE MANOS LIMPIAS
Manos Limpias acusa en su denuncia a Gómez de actuar «prevaliéndose de su estatus personal» como esposa del presidente del Gobierno: «Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas».
Por otro lado, apuntaba que Víctor de Aldama, quien está investigado por la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del 'caso Koldo', era el contacto de Begoña Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones antes de que se negociara «el rescate (...) de la compañía».
A esto sumaba que Air Europa «pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de la denunciada» y que el acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo.
EL INFORME DE LA UCO
A finales del mes de mayo trascendió el informe elaborado por la UCO en el que se descarta que la vinculación de Begoña Gómez con el ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo favoreciera el rescate de la aerolínea de la compañía por parte del Estado. También descartaba que su intervención decantara adjudicaciones a empresas del empresario Juan Carlos Barrabés.
En el informe, al que también tuvo acceso Europa Press, los agentes indicaban que el único elemento que vincularía objetivamente a Begoña Gómez con Globalia era el hecho de que coincidió con Hidalgo en dos eventos que tuvieron lugar en enero de 2020 en los que participaba la sociedad Wakalua --filial de Globalia--.
Los agentes recordaban que Wakalua está relacionada con el IE Africa Center del que era directora Begoña Gómez y que ambas entidades firmaron un acuerdo días antes de esos dos eventos. Pero resalta que «tampoco se tiene constancia de que esos hitos pudieran estar vinculados a la decisión ministerial del citado rescate» de Air Europa.
Por otro lado, la UCO, tras analizar los contratos públicos adjudicados a sociedades vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés, concluía que en los tres expedientes de la sociedad Innova Next con Red.es, que están en el foco de la investigación del juzgado, la empresa de Barrabés (o la UTE con la que participaba) obtuvo «la mejor puntuación» en criterios dependientes de juicio de valor, cuyo peso en el concurso era del 40%. En el apartado de criterios económicos (60%) no fue, sin embargo, la primera.