Los Mossos d'Esquadra han detenido a 9 personas por apropiarse de 18 viviendas de personas con problemas económicos en Barcelona, Badalona, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Madrid y Ciudad Real.
En un comunicado este viernes, han explicado que los detenidos están acusados de los presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsificación de documento público, oficial o mercantil y defraudación a la hacienda pública.
Entre los detenidos se encuentra un tal Francisco Comitre, que ya fue condenado por hechos similares hace años. Parece que ha sido detenido en Ibiza, en un torneo de golf, según ha informado El Caso. Este niega los hechos y se desvincula de las estafas. Asimismo, el juzgado de Instrucción de Barcelona que investiga la causa también ordenó el registro de la vivienda de Comitre, ubicada en Eivissa, así como la sede de una empresa en Santa Coloma de Gramanet y un domicilio en Terrassa, tal y como informa Última Hora.
La investigación se inició a finales de 2022, cuando agentes de Premià de Mar (Barcelona) fueron conocedores de que se había presentado una querella en un juzgado de instrucción de Barcelona donde se exponían unos hechos delictivos y la investigación culminó con la detención de 4 personas que se habían apropiado del piso de una mujer fallecida sin herederos legítimos.
A raíz de estas detenciones, los agentes observaron que detrás de este caso había un grupo criminal que conseguía, de forma ilegítima, los poderes de las propiedades inmobiliarias para venderlas y obtener «un alto rendimiento económico».
Los detenidos captaban a las víctimas --la mayoría personas vulnerables con problemas económicos-- y posteriormente firmaban un contrato privado donde los presuntos estafadores pagaban las deudas de estas personas y, a cambio, otorgaban poder notarial del inmueble a una persona jurídica o física, «con la excusa de poder realizar el trámite con la empresa que le daba el crédito para pagar las deudas».
«Con la firma de este contrato ante el notario, las víctimas otorgaban poderes, sin ellos saberlo, a uno de los estafadores, que una vez tenían el poder, podían realizar una acta notarial de compraventa de inmuebles», añaden.
Cheques manipulados
La compraventa normalmente se realizaba en las notarías, y para hacerlo utilizaban cheques manipulados que normalmente «nunca acababan en manos de la entidad bancaria».
Con este poder, los presuntos estafadores podían poner en venta el inmueble y venderlo a terceras personas que «no tenían nada que ver con el grupo criminal y que querían adquirir el inmueble de forma legal».
También utilizaban empresas a nombre de 'testaferros', con cuentas bancarias a donde llegaba el dinero para que las víctimas pagaran las deudas pendientes, dinero que obtenían al solicitar préstamos a diferentes entidades bancarias sin ser detectados por autoridades fiscales.
«El punto clave era trabajar con empresas con una gran actividad comercial y que tuvieron apariencia de empresas legales», añaden, con credibilidad de solvencia económica para pedir los créditos a los bancos.
En esta línea, contactaban con empresas especializadas para dar una imagen de «gran actividad económica para poder informar de manera falsa de su estado financiero».
Los investigadores verificaron que los presuntos estafadores habían «manipulado los datos para simular que tenían relación con importantes empresas de renombre que, a posterior, corroboraron que nunca habían tenido ningún vínculo».
Detenciones
El 25 de noviembre detuvieron a 9 personas --entre ellas, el líder de la trama-- y registraron varios domicilios en los que se recogieron unos 100 indicios como escrituras, poderes, contratos privados y documentación de los 'testaferros', además de 6.500 euros en efectivo.
De los detenidos, 4 quedaron en libertad después de declarar en sede policial, mientras que los otros 5 pasaron a disposición judicial el miércoles ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Barcelona.