Koldo García, exasesor ministerial de José Luis Ábalos en Transportes, permanece en el centro de la investigación judicial por la gestión de fondos considerados opacos tras acogerse a su derecho a no declarar ante el Tribunal Supremo. La Fiscalía Anticorrupción ha reiterado mantener las medidas cautelares actuales—prohibición de salida de España, retirada de pasaporte y comparecencia periódica ante la autoridad judicial—, en contraste con la petición de ingreso en prisión provisional planteada por las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular. Según fuentes jurídicas, la Fiscalía reconoce el riesgo de fuga de García pero entiende que este se encuentra debidamente controlado por las restricciones impuestas desde febrero de 2024.
El exasesor comparece de nuevo después de que un reciente informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) lo señalara como supuesto «gestor y custodio» de fondos desviados procedentes de presuntas comisiones ilegales vinculadas a adjudicaciones públicas. En dicho informe se detalla que Koldo se ocupaba de administrar y disponer de efectivo para sufragar pagos asociados al entorno de Ábalos, como pensiones alimenticias, empleadas domésticas o regalos, todo ello bajo reservados términos en sus comunicaciones, como «chistorras» o «lechugas» para referirse al dinero en metálico.
La Fiscalía mantiene las cautelares y la acusación pide prisión provisional
Según ha trascendido de la vistilla celebrada en el Supremo este 16 de octubre de 2025, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha descartado la prisión provisional para García a pesar de reconocer riesgo de fuga, argumentando que las medidas actuales resultan suficientes. Sin embargo, las acusaciones populares han reiterado la petición de ingreso en prisión fundamentando la medida en la posible existencia de fondos en el extranjero bajo control del investigado. García, en su intervención, ha querido alegar indefensión por la supuesta falta de acceso a sus dispositivos, aunque el instructor, Leopoldo Puente, ha rechazado sus argumentos.
Investigación de la trama y contexto político
La nueva citación de Koldo por parte del Supremo responde a la expansión de las pesquisas abiertas tanto en la Audiencia Nacional como en el alto tribunal respecto a la presunta trama de adjudicaciones irregulares de contratos públicos y desvío de fondos supuestamente gestionados por García. Las indagaciones recogen que existía una dinámica de pagos opacos en efectivo, algunos de ellos documentados como compensaciones desde el PSOE, y otros sin justificación, entre Koldo, su entorno y Ábalos.
En paralelo, la defensa de García solicitó el pasado martes la anulación parcial de la causa amparándose en que el Congreso, al conceder el suplicatorio sobre Ábalos, solo autorizó investigar hechos concretos, por lo que todo lo demás excedería el mandato que respalda la labor del Supremo sobre el aforado.
Por otro lado, José Luis Ábalos prestó declaración el miércoles 15 de octubre de 2025, optando igualmente por el silencio y alegando indefensión tras no contar con un abogado de su confianza. Las acusaciones populares insistieron en solicitar prisión provisional para el exministro, aunque tanto el fiscal como el juez limitaron las medidas a la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte, si bien apuntaron que el riesgo de fuga «puede aumentar» conforme avance el procedimiento.
La UCO detalla en su último informe que existía una reserva de dinero en metálico para gastos personales de Ábalos gestionada por García, detectada tras el análisis de conversaciones privadas y movimientos económicos. El magistrado instructor destaca como posible que ambos mantuvieran métodos no transparentes para la administración de sus patrimonios y varios ingresos irregulares de procedencia diversa, en línea con las posibles responsabilidades penales investigadas.