La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha avalado la decisión del magistrado Leopoldo Puente de procesar al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó Transportes durante la pandemia. Ha rechazado alargar la investigación al considerar que nuevas diligencias no podrían desvirtuar el "robusto arsenal indiciario" que hay contra ambos.
Los magistrados Antonio del Moral, Pablo Llarena y Juan Ramón Berdugo así lo han acordado en una resolución dada a conocer este miércoles, en la que desestiman los recursos presentados por Ábalos y Koldo contra el auto del pasado 3 de noviembre, en el que Puente propuso juzgarles por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación.
El tribunal considera que "carece de sentido alargar una investigación cuando no solo hay personas en situación de prisión preventiva, sino que tampoco es pronosticable que las diligencias reclamadas por Ábalos "desmoronen" los indicios que les han acercado al banquillo.
El Supremo sostiene que varias de las alegaciones y peticiones del exministro y el exasesor ya han sido resueltas en anteriores recursos de apelación. De ahí que consideren que no tiene sentido reiterar las razones aducidas para avalar la decisión del magistrado y denegar ciertas diligencias reclamadas.
"Quizás alguna de esas diligencias pueda ser adecuada en el plenario; pero ninguna resulta decisiva para dilatar la fase de investigación de forma innecesaria", señalan los magistrados.
AFEA QUE PRETENDAN PROLONGAR LA INVESTIGACIÓN PARA ALEJAR EL DÍA DEL JUICIO
En este sentido, la Sala incide en que "las diligencias sugeridas, en un juicio apriorístico, no aparentan ser portadoras de potencialidad para desvirtuar el robusto arsenal indiciario recopilado por el instructor y que ha dado lugar ya a escritos de acusación y a decretar la prisión provisional".
Para los magistrados, "se trata de diligencias sin potencialidad en un juicio 'ex ante' para erosionar el sólido cuadro indiciario que el instructor describe, susceptibles de ser practicadas en el juicio oral si la Sala lo considera pertinente".
Ábalos reclamaba, entre otras diligencias, que se pidiera a Transportes que certificase los "folios" que usaba, las mascarillas sobrantes, que informase si facilitó "a terceros ajenos" el acceso a las dependencias y que aportase "todos los certificados de entrada, salida y control" del material sanitario.
El Supremo considera que Ábalos pretende la prolongación de la fase de investigación para alejar el momento del enjuiciamiento, alegando razones variopintas entre las que "predomina la petición de nuevas diligencias".
VE UN «DESPROPÓSITO» PEDIR VARIOS SUPLICATORIOS AL CONGRESO
La Sala de Apelación también desestima el argumento de Koldo de que se le está investigando dos veces por los mismos hechos (principio non bis in idem). Explican que los hechos objeto de enjuiciamiento están bien delimitados y cualquier duplicidad será ajustada en la otra causa menos avanzada.
El tribunal insiste en que la existencia de otros hechos relacionados pero atribuidos a otras personas "no obstaculiza el seguimiento del proceso" y que las investigaciones sobre adquisiciones de material sanitario en otras administraciones no afectan a la competencia de esta causa.
Sobre la gestión del Supremo del suplicatorio al Congreso, el tribunal considera un "despropósito" pensar que cada nueva imputación requiere permiso de las Cortes. "No es necesario que se autorice cada actuación cuando está razonablemente comprendida en la autorización inicial", insisten los magistrados.
SE ENFRENTAN A PENAS DE HASTA 30 AÑOS DE PRISIÓN
El magistrado instructor acordó el procesamiento al considerar que Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama "se concertaron para aprovechar la influencia del ministro y beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos públicos".
Puente dividió la causa en septiembre: la pieza principal para los contratos de mascarillas y otra para la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.
La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19,5 años para Koldo y 7 años para Aldama. Las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para Ábalos y Koldo y la misma pena que la Fiscalía para Aldama.
De cara al juicio, tanto Fiscalía como acusaciones populares solicitaron el ingreso en prisión provisional de Ábalos y Koldo ante el riesgo de fuga por las altas penas reclamadas. El instructor envió a los dos a la cárcel de Soto del Real (Madrid) el pasado 28 de noviembre.