La desclasificación de los documentos del 23F, que el Gobierno ha anunciado que aprobará este martes el Consejo de ministros, ha sido una reivindicación histórica por parte de partidos, investigadores y periodistas para conocer los pormenores de lo que sucedió en ese intento de golpe de Estado.
Los sucesivos gobiernos que ha habido desde entonces se han amparado en la ley de secretos oficiales para no hacer públicos esos documentos, y el Ejecutivo actual ha venido emplazando para la desclasificación a la aprobación de la ley que debe sustituir a esa norma de 1968, es decir, vigente desde la dictadura de Francisco Franco.
El Gobierno aprobó ya en julio de 2025 el nuevo proyecto de la ley de secretos oficiales, pero la falta de apoyos suficientes en el Congreso ha impedido que se avanzara en su tramitación.
Fue ese el argumento esgrimido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando el pasado 20 de noviembre, en la presentación en el Congreso de la serie de televisión 'Anatomía de un instante', que relata los hechos del 23F, el autor del libro en el que se inspira esa producción televisiva, Javier Cercas, le pidió la desclasificación para evitar muchos «bulos y bolas» sobre lo ocurrido ese día.
Sánchez, al anunciar este lunes en las redes sociales la decisión, ha adjuntado precisamente el vídeo con la intervención de Cercas en esa presentación en la que le instaba a desclasificar hasta donde pudiera los documentos al respecto para que quienes difunden los bulos «tengan un instrumento menos al que agarrarse para sus mentiras».
«Asignatura pendiente»
Año y medio antes, en marzo de 2024, ERC, EH Bildu y BNG habían reclamado también la desclasificación a raíz de las conclusiones del libro del periodista Carlos Fonseca '23F. La Farsa', presentado igualmente en un acto en la misma Cámara Baja en el que su autor apuntó que «si se levantara el velo, habría que cambiar el relato oficial, y algunas personas e instituciones no quedarían en buen lugar».
En esa presentación, el diputado de EH Bildu Oskar Matute consideró el levantamiento de ese secreto una asignatura pendiente de la democracia, mientras que el parlamentario del BNG Néstor Rego subrayó que solo fueron juzgados unos pocos mandos militares y un implicado de la trama civil y no se investigó la trama económica.
Las iniciativas parlamentarias para conocer todo sobre lo sucedido se remontan a muchos años atrás, y así, por ejemplo, Izquierda Unida presentó en febrero de 2012 una proposición no de ley instando a desclasificar todos los papeles y las grabaciones de las conversaciones telefónicas de esa jornada entre el Congreso y el exterior, así como las que hubo desde el Palacio de la Zarzuela con el rey Juan Carlos al frente.
Liderando el entonces grupo parlamentario de Izquierda Plural, IU volvió a intentarlo dos años más tarde registrando una petición en el Congreso para desclasificar los documentos y otra para crear una comisión de investigación del 23F.
Entre otras iniciativas, en noviembre de 2024 y con los votos de PSOE, PP y Vox, el pleno del Congreso rechazó una moción de Podemos para desclasificar los documentos del 23F.
Pero en junio de 2021, el PSOE ya había votado junto a las formaciones nacionalistas e independentistas del Congreso promover los cambios necesarios para desclasificar algunos documentos vinculados al intento de golpe de Estado.
Existencia o no de grabaciones
El PNV ha recordado este lunes que lleva casi una década intentando que se reforme la ley de secretos oficiales y que con ese objetivo ha presentado hasta cinco iniciativas.
Después de considerar demostrado que la voluntad política permite desclasificar documentos secretos, ha pedido al Gobierno que lo haga sin limitarse al 23F.
Pendientes de conocer qué es lo que desclasificará en concreto el Gobierno, el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, en su libro 'La rosa y las espinas', editado en 2023, afirma que cuando el PSOE llegó a la Moncloa en 1982, se interesó por las supuestas grabaciones que podrían existir de ese día, pero no las encontró.
En una entrevista de EFE dos años antes, al cumplirse los 40 años del 23F, comentaba que en lo fundamental se conoce lo que pasó y quiénes estaban detrás, pero no se conocen las conversaciones entre los golpistas que estaban en el Congreso y los del exterior.
Francisco Laína, quien se hizo cargo del llamado Gobierno de los subsecretarios mientras el Ejecutivo de Adolfo Suárez estuvo retenido ese día, ha manifestado en varias ocasiones que esas grabaciones no existieron, que son fantasías.
La incógnita del Elefante blanco
Sin embargo, pocos días después del golpe, en una entrevista en 'ABC', él mismo afirmaba que fueron cortando líneas telefónicas del Congreso y al final solo quedó una, pero intervenida, y que había una conversación «grabada en cinta» del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y uno de los protagonistas de la trama civil del intento de golpe, Juan García Carrés.
Que se hagan públicas las grabaciones que haya de esas llamadas es lo que están pidiendo, tras conocer la decisión del Gobierno, dirigentes políticos como el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que exige también la desclasificación del sumario del juicio del 23F.
Una de las principales incógnitas, 45 años después, es la identidad del denominado Elefante blanco, la figura que debería tomar el mando del golpe pero que nunca apareció en el Congreso.
Aunque siempre se ha especulado que se trataba del general Alfonso Armada, este siempre lo desmintió.