La exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', podrá salir de prisión entre semana a partir de este lunes, después de que el Departamento de Justicia del Gobierno vasco le haya concedido la aplicación del artículo 100.2 del reglamento de prisiones, según han confirmado fuentes de la Consejería a Europa Press.
De esta forma, Anboto se ha beneficiado de la misma medida penitenciaria que el exjefe de la banda terrorista Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', quien salió el pasado mes de febrero de la prisión de Matutene, en San Sebastián, en régimen de semilibertad.
Txeroki puede salir de la cárcel durante el día entre semana, aunque tiene que pernoctar en el centro penitenciario, donde permanece los fines de semana.
La medida para Txeroki fue autorizada por el Gobierno Vasco a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión donostiarra de Martutene, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que supone una flexibilización en su régimen de internamiento, aunque permanece en segundo grado, sin que se le haya concedido el tercer grado.
Esta fórmula se contempla para que los presos avancen en su resocialización a través del trabajo o el voluntariado y, para ello, el recluso tiene que tener 'un plan de ejecución' en el que se establece lo que va a hacer mientras esté por el día fuera de prisión.
No obstante, la medida debe contar también con la autorización del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, al ser el tribunal sentenciador, por lo que, en caso de ser denegada, queda sin efecto.
Soledad Iparragirre, histórica militante de ETA, vinculada con la banda armada desde 1981, con el comando Araba entre 1984 y 1987, y también con el comando Madrid entre 1992 y 1993, quien años más tarde huyó a Francia, fue la encargada, junto con Josu Urrutikoetxea 'Josu Ternera' de leer en 2018 el comunicado del fin de ETA.
Nacida en la localidad guipuzcoana de Escoriatza en 1961, se le imputan más de una docena de asesinatos. Llegó a ser la jefa militar de ETA durante una década, y suma una extensa lista de condenas y penas que suman más de 280 años de cárcel.
En el año 2020 fue sentenciada a un total de 122 años de cárcel por dar la orden y suministrar los explosivos para la bomba lapa que mató al comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo. En el 2021 aceptó una pena de 15 años de prisión por haber dado la orden de atentar contra Juan Carlos I con ocasión de su asistencia a la inauguración del Museo Guggenheim en 1997.
Soledad Iparragirre, una de las voces del vídeo que anunció la disolución de la banda terrorista ETA, afrontó un largo camino judicial en España que arrancó en julio 2020 con el primero de los 12 juicios que tenía pendientes en España, después de que fuera entregada por Francia un año antes tras cumplir allí casi 20 años de prisión.
Hasta esa fecha había sido juzgada por el asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo en diciembre de 1995 en León, y por la presunta entrega de material explosivo que realizó a un comando que finalmente atentó contra una comisaría de Policía en Oviedo en julio de 1997.
Las causas en su contra incluían desde asesinatos a instrucciones para atentar o entregas de armamento. Además del atentado contra el comandante, se le procesó por el crimen de dos agentes en Vitoria el 6 de agosto de 1987 o el del cartero Estanislao Galíndez en 1985.
También se le acusó de facilitar armamento para una acción terrorista contra la oficina del DNI de Bilbao el 13 de enero de 1995, que causó la muerte a una persona e hirió a otra de gravedad.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este lunes a Gobierno de Pedro Sánchez de "utilizar" la política penitenciaria como instrumento político para seguir en el poder, coincidiendo con la semilibertad de la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'. Por eso, ha anunciado que su partido llevará al Congreso la reforma de la política penitenciaria.
En una rueda de prensa en la sede del PP, Gamarra ha acusado a Pedro Sánchez de practicar, aparte de la "corrupción económica", una "corrupción moral" tras su acuerdo con Bildu. "Hoy, en las calles del País Vasco, hay condenados por terrorismo que han obtenido beneficios penitenciarios a cambio de que Bildu apoye a Pedro Sánchez", ha enfatizado.
A su entender, se está "utilizando la política penitenciaria como un instrumento político para mantenerse en el poder", subrayando que fue el propio coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi, el que "en la primera legislatura ya dijo que si había que apoyar presupuestos para que los presos condenados por terrorismo estuvieran en las calles, se apoyaría".
Gamarra ha señalado que vivieron acercamientos de presos de ETA "semana tras semana". "Cinco votos de Bildu, cinco presos que se acercaban. Hoy es una consejera del Partido Socialista de Euskadi, que forma parte del Gobierno vasco, quien aplica de esta manera la política penitenciaria para que estén en las calles, sin arrepentirse y sin colaborar con la justicia", ha denunciado.
Para la vicesecretaria del PP, ésta es "la mayor inmoralidad que se ha cometido" por parte del presidente del Gobierno en estos ocho años porque supone además "abandonar a las víctimas" del terrorismo "única y exclusivamente por mantenerse en el poder".
Tras asegurar que el PP va a seguir denunciándolo, ha avanzado que su formación va a instar, a través de una proposición no de ley en el Congreso, "la reforma de la política penitenciaria tanto para la prisión permanente revisable como en lo que afecta al artículo 100.2, que es lo que están aplicando" con los etarras "en beneficio propio y por interés político de Pedro Sánchez".
Por favor, no habléis de cosas tan lejanas en el tiempo como ETA cuando es muchísima más reciente la Guerra Civil y el franquismo.