El movimiento social de la discapacidad celebra que 2018 haya sido un año positivo para la agenda política de las personas con discapacidad y sus familias y señala como «hito histórico» la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que permite a todas las personas con discapacidad ejercer su derecho al voto. Hasta ahora, 100.000 estaban excluidas por sentencia judicial.
«La agenda política de la discapacidad avanza. Más lento de lo que desearíamos, pero avanza», afirma en declaraciones a Europa Press el presidente del Comité Estatal de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, con motivo de la celebración este lunes 3 de diciembre del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (CERMI).
La aprobación de esta reforma de la Ley Electoral se produjo el pasado 18 de octubre en el Congreso de los Diputados por unanimidad y se espera que el Gobierno la publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los próximos días. Aunque en la jornada electoral andaluza de este domingo las personas con sentencia de incapacidad no han podido votar, posiblemente lo hagan en los próximos comicios autonómicos de mayo de 2019.
A pesar de esta «inaplazable» conquista del derecho de sufragio, Pérez-Bueno advierte de que todavía siguen conculcándose en España derechos fundamentales de este colectivo, incumpliéndose así la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada por el Gobierno español hace más de una década. La esterilización forzosa no consentida de personas con discapacidad, en su mayoría mujeres, es una de las cuestiones sobre las que Naciones Unidas ha llamado la atención a España.
«Acabar con esta práctica está en nuestra agenda más inmediata», asevera el presidente del esta organización. De hecho, el CERMI Mujeres exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez que incluya la prohibición de la esterilización a mujeres y niñas en el anteproyecto de Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia que está elaborando, y que cumpla con su compromiso de aprobarlo en el Consejo de Ministros antes de fin de año.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, entre 2010 y 2016, hay un promedio de 100 resoluciones judiciales al año que autorizan la esterilización de personas con discapacidad sujetas a incapacidad previa. «Se realizan sin el consentimiento de las afectadas, bien porque no se les informa sobre la intervención, no comprenden sus consecuencias, o se limita judicialmente su capacidad para consentir», señalan el CERMI Mujeres y la ONG Save The Children.
LEY DE VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y ESTERILIZACIÓN
En concreto, reclaman que en la futura Ley de Violencia se elimine el segundo párrafo del artículo 156 del Código Penal que recoge que «no será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil».
Tanto expertos como organizaciones de infancia y discapacidad sostienen que detrás de este artículo del Código Penal para evitar embarazos, existe el riesgo de que la esterilización se convierta en la puerta de entrada a abusos y agresiones sexuales contra estas mujeres y niñas con discapacidad porque desaparece esta posibilidad de embarazo.
El Comité de Derechos del Niño en 2007 advirtió de que la esterilización forzosa de niñas es una forma más de violencia contra la infancia, e instó a su prohibición en los Estados firmantes. Las organizaciones exigen que se incorpore a la Ley de Violencia contra la Infancia que bajo ninguna circunstancia las niñas sean obligadas a someterse a una esterilización.
OTRO AÑO SIN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Además de este asunto, Pérez Bueno señala que hay otras «grandes cuestiones» aún por resolver. Concretamente, la accesibilidad universal. El 4 de diciembre de 2017 se acabó el plazo para que en España fueran accesibles a las personas con discapacidad todos sus espacios públicos, bienes y servicios y la situación, un año después, continúa igual, algo «especialmente sangrante» para este colectivo.
Se trata de acatar el Real Decreto legislativo por el que se aprobó el texto refundido de la Ley General de derechos de las Personas con discapacidad y de su inclusión social, que regula, armoniza y aclara las leyes en materia de discapacidad aprobadas con anterioridad, además, da cumplimiento a la Convención Internacional.
A esto se añade la no aprobación de la reforma de la Ley de Propiedad horizontal, pues la falta de accesibilidad en edificios obliga a muchas personas con movilidad reducid a estar «encarceladas» en su propio domicilio del que no pueden salir sin ayuda de otras personas de su entorno. «Los grupos políticos cuando están en la oposición se comprometen a hacerlo y cuando llegan al gobierno se olvidan», señala el presidente del CERMI al respecto.
CONDENA DE LA ONU A ESPAÑA EN MATERIA EDUCATIVA
En este último año, la ONU ha puesto ha puesto en evidencia el sistema educativo español, que asegura que «segrega y excluye» a los alumnos con discapacidad, principalmente a aquellos con discapacidad intelectual, en el sistema general, tal y como recoge en un informe publicado el pasado mes de junio tras una investigación confidencial.
Aunque las cifras oficiales reflejan un alto grado de matriculación de alumnos con discapacidad intelectual en el sistema ordinario, sin embargo Naciones Unidas subraya que dentro del mismo se produce la exclusión, vulnerándose así el artículo 24 de la Convención sobre el derecho a la educación, al mantener estructuras y dispositivos «segregadores y discriminatorios», incompatibles con este tratado internacional de obligado cumplimiento para los Estados firmantes.
Entre otros aspectos, el documento destacaba que en España no se toma en cuenta al niño como sujeto de derecho ni se tiene en consideración su opinión y advertía de que existen casos en los que se obliga a los padres a cambiar al niño de centro cada año o incluso llevarlos a dos escuelas diferentes en función del día de la semana, a veces lejos una de otra.
El movimiento asociativo considera que este informe de Naciones Unidas es una «condena» al Estado español, que debe reaccionar con inmediatez y acompasar la legislación educativa a los mandatos de la Convención.