El anuncio de la reincorporación, parcial, de los inmigrantes ilegales en el Sistema Nacional de Salud realizado ayer por el titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, tiene todos los visos de ser una rectificación incompleta de uno de los recortes más polémicos que aplicó el Gobierno a la sanidad pública española. Retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares –acotando su acceso a la atención médica sólo en casos urgentes, menores o partos– provocó numerosas protestas, tanto por la insolidaridad que suponía como los problemas sanitarios que podría acabar generando. Ambos argumentos son los que esgrime el ministro para justificar el cambio de criterio.
Decisión electoralista. Recuperar el acceso a la red de Asistencia Primaria para los inmigrantes que residen de manera irregular en España rezuma electoralismo, aunque ello signifique la reapertura de una vía a la atención sanitaria que el Gobierno cegó para este colectivo. Sin embargo, cabe señalar que se sigue negando la concesión de la tarjeta sanitaria y se imponen restricciones a los futuros usuarios. Estamos, pues, ante un gesto gubernamental que trata de modificar las restricciones anteriores sin querer evidenciar la contradicción con la normativa vigente, un detalle que no pasa desapercibido.
Rectificación incompleta. La marcha atrás anunciada por el ministro Alonso deja en el aire muchos otras medidas que afectan al conjunto de la sociedad, en especial las referidas al copago de medicamentos y la dotación de recursos humanos y técnicos de nuestro Sistema Nacional de Salud. Atender a los inmigrantes ilegales, hay que insistir que en determinadas condiciones, es sólo una parte del enorme retroceso que han sufrido las prestaciones sanitarias en nuestro país durante los últimos años. Las decisiones en este terreno no pueden guiarse bajo el prisma de las expectativas electorales que pueden generar.