La empresa pública Palau de Congressos ha adjudicado al Grupo Barceló la explotación del Palacio de Congresos de Palma y su hotel anexo por una canon anual de 1,7 millones de euros, un concurso que se ha resuelto cuando apenas faltan seis semanas para las próximas elecciones locales y autonómicas. El alcalde de santa Eulària, Vicent Marí, apuesta también por una fórmula mixta (público-privada) para el centro de convenciones de Eivissa. Seguramente es el sistema más idóneo, pero hay que estar vigilantes y, ¿por qué no? revisar un proceso en el que una empresa privada logra, con una inversión minima, una posición de privilegio para obtener un, teóricamente, grandes beneficios.
Penalización. En Palma, el compromiso de Barceló en la explotación del Palacio de Congresos, la infraestructura que se mantendrá de titularidad pública y auténtico motor del proyecto por su impacto económico en el conjunto de la ciudad y el sector turístico, es el aspecto más endeble de las condiciones de la adjudicación. El grupo hotelero que preside Simón Pedro Barceló puede abandonar la gestión del Palacio de Congresos –donde existe el mayor riesgo empresarial– mientras que podrá hacerse con la propiedad de un establecimiento hotelero de 268 plazas, construido sobre suelo público y con una situación privilegiada junto al Palacio; pero eso sí, obviando los problemas de su explotación. Las cláusulas apenas tienen prevista una sanción de dos millones de euros. Quizá esos sean aspectos a mejorar en una eventual gestión entre instituciones y empresas si llegase a ser el caso del Palau de Eivissa.
Compromiso del Govern. De todas maneras, antes de poner o quitar cláusulas y de ‘afinar’ el modelo de gestión que queremos para el Palau de Congressos de Eivissa, las instituciones, y concremtamente el Govern balear debe apostar de manera firme por una infraestructura que sería clave a la hora de desestacionalizar la temporada turística. Esa apuesta pasa por invertir recursos decididamente.