El recurso de inconstitucionalidad planteado el pasado viernes por el Gobierno central a la Ley de Comercio de Balears ha causado la lógica indignación del Govern, que interpreta la decisión como una maniobra política derivada de su nueva composición ideológica. La decisión, además, lleva aparejada la suspensión de diversos artículos que cerraban la puerta a la instalación indiscriminada de grandes superficies en las Islas, una de las cuestiones que se había logrado acotar en la legislación suspendida. Conviene recordar que la norma fue redactada de manera consensuada por todos los grupos parlamentarios y agentes sociales implicados.
Insensibilidad territorial. La negativa del Gobierno a introducir las modificaciones necesarias en la Ley de Comercio balear para ajustarla a las exigencias constitucionales, tal y como se había acordado días antes en la comisión bilateral, confirma la falta de respeto de Madrid tanto de sus reglas de autogobierno como de la necesidad de atender a sus necesidades; en este caso, de la regulación comercial. Negar que las dimensiones de una gran superficie no pueden ser las mismas en Mallorca que en Eivissa o Menorca, por no citar Formentera, sólo puede responder a una visión obtusa de la gestión del Estado. Éste es el comportamiento del que ha hecho gala el Gobierno del PP con su actuación torticera.
Respuesta contundente. El titular de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, anunció la convocatoria para hoy mismo de la Comissió Interinsular Assessora de Comerç para plantear las primeras acciones destinadas a contrarrestar los efectos del recurso gubernamental, que abre la puerta a la instalación de establecimientos de hasta 750 metros cuadrados en cualquiera de las Islas. El Govern, en este caso, tiene un amplio respaldo no sólo político sino también social. Las patronales del sector no ocultan su rechazo y desconcierto por la intervención de Madrid, que requiere una respuesta firme y unánime desde Balears.