El anuncio de «consecuencias catastróficas» que hizo el secretario general de Sanidad, Rubén Alonso, por la devolución de las tarjetas sanitarias a los inmigrantes ilegales a cuenta de las sanciones que puede imponer la Unión Europea al Estado español no ha causado el efecto deseado. Incluso en la Comunidad de Madrid, gobernada por una coalición del PP y C's, se sumaba ayer a una iniciativa que el Govern balear impuso como una de las primeras decisiones de los nuevos gobernantes. La intervención de Alonso, que tuvo lugar ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en el Congreso, es más una amenaza política a las autonomías que un planteamiento serio que ponga en peligro el acceso a la sanidad pública de los ‘sin papeles' en nuestro país.
La UE como pretexto. La argumentación del dirigente del secretario general de Sanidad para cuestionar la concesión de las tarjetas sanitarias, o la documentación equivalente, a los inmigrantes ilegales en base a la normativa europea resulta sorprendente. Hasta 2012, cuando el Gobierno central impuso su retirada, las Comunidades atendían sin limitaciones a los inmigrantes irregulares y en ningún momento se cuestionó la prestación por parte de la Unión Europea. Por tanto, la advertencia de Rubén Moreno carece de sustento jurídico y más político, dentro de la interpretación centralista que hace el Gobierno de las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas; incluso de aquellas que tienen carácter exclusivo, como es la de Sanidad.
Salud pública. Resulta llamativo que un directivo del Ministerio de Sanidad cuestione la aplicación de una medida que tiene como principal objertivo garantizar la sanidad pública, que, al fin y a la postre, es el primer beneficio que se obtiene atendiendo las necesidades sanitarias de un colectivo como el de la inmigración ilegal; un valor que se añade a la imprescindible solidaridad que siempre debe caracterizar un país avanzado.