No se han cumplido todavía los cien días de cortesía al Govern y desde Podemos ya se han planteado las primeras divergencias, una actitud que hace presagiar una legislatura marcada por la inestabilidad institucional. La política de nombramientos, la aplicación de la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa) o la insuficiente rebaja en el sueldo de los altos cargos han sido las primeras fricciones serias entre los grupos que integran el equipo que preside Francina Armengol, PSOE y Més, y el que coordina Alberto Jarabo, portavoz de Podemos. La tensión es, todavía, incipiente, pero revela una clara falta de asignación de responsabilidades entre los integrantes del pacto.
Asumir compromisos. Todavía es pronto para determinar si los reproches que han salido a la luz forman parte de los lógicos escarceos preelectorales ante la convocatoria de los comicios generales del mes de diciembre, pero, en todo cas,o la actitud de Podemos debilita, y mucho, el pacto que se formalizó tras las pasadas elecciones locales y autonómicas de mayo. La formación que en Balears lidera Jarabo no puede arrogarse el papel de fiscalizadora del Govern en su propio beneficio, entre otras razones porque ha aceptado cargos institucionales de primer nivel –como la presidencia del Parlament– que le obligan a una cuota de corresponsabilidad política.
Diálogo eficaz. Los diferentes líderes implicados en el pacto –Armengol, Barceló y Jarabo– deben ser más eficaces con los mecanismos de diálogo abiertos y neutralizar una dinámica que, con el tiempo, puede acabar suponiendo una losa en la gestión de la primera institución de Balears y, por extensión, acabar contaminando al resto. Del resultado de las urnas emanó un claro mandato sobre qué orientación debía tener el Govern durante los próximos cuatro años y cuáles debían ser las nuevas prioridades en la gestión pública. Sorprende que se haya olvidado tan pronto. Los ciudadanos reclaman soluciones a sus problemas y no polémicas estériles.