La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompañada por el vicepresidente y la consellera de Hisenda, Biel Barceló y Catalina Cladera, presentó ayer el borrador del nuevo impuesto del turismo sostenible, la llamada ecotasa; un tributo que gravará las estancias turísticas en hoteles, viviendas turísticas y cruceros de Balears y por el que la Comunitat tiene previsto ingresar entre 50 y 80 millones de euros al año. Una tasa similar a la que impulsó el primer gobierno de Francesc Antich en 2002 y que con la victoria electoral de Jaume Matas, un año más tarde, fue derogada.
Sin consenso. Esta nueva ecotasa, como la de 2002, cuenta con el rechazo frontal del sector turístico ibicenco, que considera, entre otros motivos, que la aplicación de este nuevo impuesto restará competitividad a nuestras islas. Y no, los hoteleros no lo dicen para fastidiar, sino porque recuerdan lo que sucedió aquel fatídico verano, en el que a la crisis por la bajada de turistas se le añadió el gran obstáculo de la ecotasa. Un impuesto, el que ahora se plantea, que carece del consenso necesario para que una medida de este calibre pueda funcionar adecuadamente. Y, además, que grava el principal motor de la economía de estas islas, el turismo.
Discriminatoria. Y lo que es peor, el impuesto del turismo sostenible no gravará a todos los turistas que vengan a nuestras islas, ya que los que se alojen en viviendas sin licencia turística o atraquen con sus yates se librarán de pagar los entre 0,25 y 2 euros que prevé el borrador. El Govern, no obstante, ha tenido que olvidarse de su intención de cobrarla en puertos y aeropuertos, un extremo que ya se sabía imposible, con lo que puso de manifiesto la improvisación con la que ha tratado esta cuestión desde el Ejecutivo balear. Además, tampoco está demasiado claro en qué se va a invertir todo el dinero recaudado, ni si lo que se consiga en Eivissa y Formentera se reinvertirá en las Pitiüses.