El Govern que preside la socialista Francina Armengol se ha topado con la dura realidad financiera de Balears: 2.407 millones de euros. La cifra tiene un coste diario de 2,5 millones, la cantidad que tiene que destinarse de los presupuestos a pagar a los bancos y al Gobierno central. En este contexto se celebrará el encuentro anunciado entre el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y la responsable de la Conselleria d'Economia, Catalina Cladera. La cita debería permitir aliviar la presión que soportan las arcas autonómicas, cuya situación condiciona la gestión política en las Islas.
Compromisos políticos. No cabe esperar soluciones a corto plazo vinculadas a la financiación de Balears de la reunión entre Montoro y Cladera, una cita a la que no se puede exigir que ofrezca resultados concretos; y menos a corto plazo. Sin embargo, la interlocución con la Administración central debería poder sentar las bases para compromisos políticos profundos, con la mirada puesta en las elecciones del 20-D. Será después de estos comicios cuando, en función de la composición y apoyos del nuevo Gobierno, cuando desde Palma se podrá diseñar una estrategia eficaz que permita, en el mejor de los casos, aliviar la pesada losa que ahoga las disponibilidades presupuestarias de la Comunitat. Cualquier iniciativa en este sentido necesitará, en el futuro, la complicidad de todas las fuerzas políticas, incluso de aquellas que puedan quedar en la oposición.
Más allá del modelo. El equipo de la consellera Cladera trabaja ya en una propuesta de mejora del modelo de financiación autonómica, tarea en la que el margen de maniobra –como se ha demostrado en la pasada legislatura– es escaso. La decisión queda fuera del ámbito competencial de Balears y no parece que Madrid tenga en la agenda como prioritaria esta cuestión. Mientras es preciso desplegar argumentos que logren reorientar los costes de una deuda insoportable para las Islas.