La fulminante destitución del jefe de la Abogacía de la Comunitat Autònoma, Luís Segura, por acordar retirar la personación del Govern en los casos ‘Palacete' y ‘Ópera' abiertos contra el expresidente Jaume Matas confirma que se trata de una reacción del Ejecutivo al verse desbordado por las reacciones mediáticas y de sus socios del Pacte por una decisión de simple y pura técnica jurídica. La consellera de Presidència, Pilar Costa, responsable del departamento, ha tenido que admitir que conocedora de las intenciones de la Abogacía no supo calibrar sus consecuencias políticas. Apartar a Segura del cargo es la medida de contención con la que se pretende calmar la polémica, entre otras razones porque la Comunitat mantiene sus reclamaciones a Matas en doce causas abiertas del ‘caso Palma Arena'.
Valentía política. Sorprende la facilidad con la que el Govern se ha desprendido del responsable de la Abogacía que él mismo nombró hace poco más de un año, Segura –funcionario del Govern y jurista de reconocido prestigio– no ha sido defendido en ningún momento en una decisión que formaba parte de la estrategia global de la Comunitat en el ‘caso Palma Arena'. El cese es la estrategia, bastante común por cierto, improvisada por el Govern para no tener que asumir sus propias responsabilidades políticas y ganar algo de tiempo. En todo caso, lo ocurrido reitera la sensación de descoordinación interna en la que se ha sumido el equipo que debería liderar Francina Armengol.
Falla la comunicación. El Govern debe reflexionar sobre las razones por la que una cuestión de técnica jurídica ha acabado desembocando en una crisis más del Pacte, y seria. Es cierto que la Abogacía podría haberse añadido a los escritos que en el mismo sentido preparaba la Fiscalía –así se desprende de las palabras del fiscal Horrach–, pero mientras se ha sido incapaz de enfatizar esa docena de acusaciones que se mantienen contra Matas y se ha optado por dejarse abrumar por los acontecimientos. Comunicar bien las decisiones también es un deber de los políticos.