La carta remitida al Govern por el titular del Ministerio de Administraciones Públicas y Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dejado el descubierto el enorme retraso que acumula la Administración autonómica en el pago a sus proveedores. Balears es la segunda comunidad –sólo por detrás de Castilla-León– que tarda más en abonar sus facturas pendientes, una circunstancia que no cabe atribuir a un deficiente sistema de financiación sino a una pésima gestión interna; en especial del IB-Salut y el Ibisec, el organismo encargado de la construcción de centros educativos. Las demoras alcanzan, en algunos casos, a gastos realizados en 2015.
Al borde de la intervención. La advertencia del ministro Montoro deja las cuentas del Govern al borde de la intervención del Estado, que podría asumir todo su control si no presenta un plan a corto plazo para reducir los tiempos de pago de las facturas pendientes. Lo más sorprendente es que en este ejercicio, las arcas autonómicos han tenido importantes aportaciones de liquidez procedentes tanto de una mejora en la recaudación fiscal como en las aportaciones recibidas desde Madrid. En este contexto sólo la ineficacia de algunos departamentos autonómicos explica la escandalosa tardanza para saldar los pagos pendientes, circunstancia que al final acaban soportando, si pueden, las cuentas de explotación de las empresas afectadas.
Plan de choque. No sólo como cumplimiento de una exigencia del Gobierno central –como así lo plantea la carta del ministro–, sino por una cuestión de responsabilidad institucional, el Govern debe arbitrar de inmediato un plan que permita reducir en poco tiempo este enorme retraso en el pago de los proveedores. El aparente caos contable, para utilizar una descripción benévola, de determinados organismos públicos no se puede trasladar a las empresas que prestan sus servicios a la Comunitat, y menos cuando es ésta la primera que incumple sus compromisos.