Los Presupuestos presentados por el Govern para el próximo ejercicio tienen un elemento novedoso y positivo, el importante aumento de las partidas destinadas a la inversión pública –después de años en los que era prácticamente inexistente– y la contención en la presión fiscal. Los 4.668,24 millones de euros previstos, un 10 por ciento más que en este 2016, suponen la disposición de 427 millones cuyo reparto marca el orden de prioridades del equipo que lidera la socialista Francina Armengol, con especial incidencia en las ayudas y prestaciones sociales. Sin embargo, sigue habiendo algunas carencias, quizá la más llamativa, en el área de educación, en la que no se alcanza a destinar el 5 % del PIB balear comprometido.
El lastre insoportable. El análisis presupuestario no puede obviar un detalle capital. Durante el ejercicio de 2017 se tendrán que destinar más de mil millones de euros a financiar la deuda pública de la Comunitat Autònoma, de la que el propio Estado es el acreedor mayoritario. El nefasto sistema de financiación autonómica vigente, que prolonga el agravio de Balears desde hace décadas, alimenta un circuito infernal que provoca que el Govern deba endeudarse para financiar la deuda contraída. Este sinsentido tiene que romperse de manera definitiva, una oportunidad que puede presentarse como única a tenor de las intenciones expresadas por Mariano Rajoy en el debate de investidura. La condonación sólo aliviará la carga. La solución pasa por un sistema justo con el esfuerzo fiscal de los ciudadanos de las Islas que acaba en manos del Estado.
Estabilidad política. Los Presupuestos, que ahora iniciarán la tramitación parlamentaria, tienen un destacado aval político, con el compromiso explícito los integrantes del Pacte –PSIB, Podemos y Més– de apoyar sus grandes líneas de actuación. De este modo, el Govern se asegura llegar al ecuador de la legislatura autonómica con la principal herramienta de acción política sin hipotecas.