La pretensión de reclamar las transferencia de competencias sobre el litoral al Estado expresada por el Govern es, en el caso de Balears, uno de los temas que merece ser planteado desde la unidad política y social. Del mismo modo es resulta aberrante que la voz de los ciudadanos de las Islas no esté representada en los órganos de gestión de los aeropuertos -en el caso de los puertos es poco más que testimonial-, también lo es que las instituciones autonómicas en nada puedan intervenir en todo aquello que hace referencia a la costa. Lo ocurrido este verano con el uso abusivo y exclusivo de algunas playas y enclaves de Balears por parte de los organizadores de un crucero turístico de lujo, incluso en el parque nacional de Cabrera, denunciado por la plataforma ecologista Terraferida, es la gota que colma el vaso. O los abusos en Platges des Comte, en Ibiza.
Competencia clave. El ámbito competencial de la Demarcación de Costas -en la actualidad dependiente de la Administración central- es básica para una comunidad como la balear. No se trata de la regulación de las playas -distribución de hamacas, sombrillas o chiringuitos-, que podría ser la vertiente más popular. Costas tiene un papel determinante es aspectos capitales como son la regulación de los fondeos o la regeneración de playas, además de participar en la práctica totalidad de los procesos administrativos relacionados con el litoral. Todo ello está, en la actualidad, fuera del alcance del Govern; en manos exclusivas del Estado. El centro de decisión y control del litoral balear no tiene sentido que siga en Madrid, cuyos intereses no siempre son coincidentes con los de las Islas.
Financiación y control. Este importante paquete de competencias es preciso que esté financiado de manera adecuada y suficiente, de nada servirá su transferencia si luego el Govern no dispone de una adecuada plantilla de celadores que garantice el control en el cumplimiento de las regulaciones en todo el perímetro litoral de Balears. Una competencia tan trascendental como ésta sin recursos es una pérdida de tiempo y un engaño a los ciudadanos.