La segunda campaña de control sobre la contratación laboral en Balears, que realizan los inspectores de Trabajo con la colaboración de la Conselleria de Treball, se ha saldado con la detección de casi cuatro mil contrataciones fraudulentas o irregulares. La cifra es superior a la del año pasado, dato –aunque se ha ampliado dos semanas el período de control– que debe invitar a la reflexión sobre la disuasión real que está teniendo este tipo de actuaciones en un mercado laboral tan atípico como el balear durante los meses estivales; coincidiendo con la temporada turística. En este tipo de cuestiones, el aumento de infractores no puede entenderse como un factor positivo.
Evitar el abuso. Estrechar la vigilancia sobre la proliferación de modelos de contratación abusiva en las Islas era, y es, una reivindicación constante de los agentes sociales. Tanto sindicatos como organizaciones patronales han mostrado su rechazo frente a unos comportamientos que lesionan los intereses de los trabajadores, generan una clara competencia desleal y suponen un evidente fraude fiscal y a la Seguridad Social. El principal objetivo de la campaña debe ser generar una nueva conciencia laboral que destierre comportamientos anómalos, aunque en ocasiones se quieran disfrazar de mera picaresca intrascendente. Tras el fraude laboral no hay ningún beneficio personal ni empresarial, y por supuesto tampoco social.
Más medios. En el segundo año del despliegue para vigilar el cumplimiento de la normativa laboral en materia de contratación, la cifra de contratos irregulares ha crecido de manera significativa. Ello evidencia que además de no tener el efecto disuasorio deseado, tanto en empresarios como en trabajadores, el problema es de unas dimensiones muy superiores a las que podían haberse calculado. La temporalidad de la demanda y la escasa cualificación de los puestos que se ofrecen acaban generando un clima de laxitud en materia laboral que los inspectores deben atajar, tarea en la que es preciso contar con más efectivos.