La protesta de los responsables de la Federación de Municipios porque del reparto de decenas de millones de euros de la ecotasa no le corresponda ni un céntimo a los ayuntamientos y que todo el dinero se destine a las instituciones mayores, comenzando por el Govern, constituye una seria advertencia sobre este polémico uso de los recursos públicos, que jamás han de convertirse en resorte para que unos políticos concretos y unas instituciones determinadas puedan apuntarse éxitos en inversiones en detrimento de otros. El dinero de la ecotasa es de todos los baleares y debe repercutir en beneficios en todos los lugares del Archipiélago.
Más generosidad. La lucha por implantar la ecotasa, una bandera de la izquierda que se remonta al primer Govern Antich (1999-2003), fue muy difícil en su momento. No hay que olvidar que Jaume Matas derogó el primer proyecto cuando recuperó el poder en 2003, tras ser motivo de fuertes disputas de la izquierda con importantes hoteleros. Por fin, en esta legislatura se alcanzó el cierto consenso entre el Ejecutivo y los empresarios. Ahora, el Govern debería actuar con mayor generosidad al repartir una parte de lo recaudado y tener en cuenta las propuestas de las instituciones locales, que son vitales para el equilibrio territorial y para mantener un desarrollo sostenible y sensato.
El objetivo. El Govern debería comprender que esta sensibilidad hacia los municipios contiene un calado mucho más profundo que el repartir recursos. La ecotasa permite recaudar dinero para fines medioambientales, pero no deja de ser un remiendo ante la pésima financiación que padece Balears. Para torcer esta situación injusta es fundamental la unidad de todas las instituciones isleñas y hacer piña ante Madrid. Pero si comienzan las discriminaciones a partir de los insuficientes fondos que genera la ecotasa, difícilmente se logrará la unidad de cara a reclamar una financiación autonómica digna y equitativa.