La aprobación el viernes por parte del Gobierno Rajoy del decreto ley que regulará la paulatina liberalización de la contratación de estibadores en todas las instalaciones portuarias convierte en mucho más real el peligro de una huelga de nueve días entre el 6 y el 24 de marzo, que podría tener efectos tremendos para una isla como Mallorca, mucho más dependiente de sus instalaciones portuarias que las comunidades de la Península. El Gobierno ha esperado el máximo posible pero ya no tiene otro remedio que actuar ante la amenaza de la Unión Europea de imponer fuertes sanciones económicas a España si pervive la actual situación de monopolio.
Un legado del pasado. Los privilegios que gozan los estibadores de los puertos españoles vienen de muchas décadas atrás, de los tiempos en que la España franquista mantenía una política de total control de las importaciones extranjeras y los puertos eran un sector altamente estratégico para desarrollar esta política proteccionista. Tal situación se había vuelto inconcebible desde la integración en la Unión. El problema se debería haber abordado hace muchos años, pero fue dilatándose en el tiempo hasta que, con sentencias comunitarias de por medio, el Gobierno ya no puede esconder la cabeza debajo del ala. Es lógico que los estibadores estén indignados y que intenten defender al máximo su posición, pero de la misma manera han de comprender que la transformación del sector es irreversible.
Modular la normativa. Más que amenazar con huelgas de gran intensidad, la postura inteligente del sector de la estiba es conseguir que este decreto se desarrolle por ley en el Parlamento y que esta nueva norma les permita el máximo de ventajas dentro del contexto liberalizador. Con propuestas lógicas, encontrarán eco en el Congreso, pero empecinándose en paros salvajes no lograrán otra cosa que efectos contraproducentes. Si bloqueasen el puerto de Palma las consecuencias podrían ser catastróficas. No hay alternativas al barco mercante.