La detención de dos catedráticos de la Universitat de les Illes Balears –conocida con una semana de retraso– por la comercialización de un falso medicamento contra el cáncer supone un duro golpe a la credibilidad científica de nuestra principal institución académica. Con independencia del supuesto fraude cometido por los principales implicados, los cuales obtuvieron pingües beneficios, los detalles dados a conocer revelan importantes fallos en el control de las investigaciones que se realizan en los laboratorios universitarios, así como del provecho económico que se obtiene. Han pasado demasiados años con una rumorología, reconocida, sin una intervención contundente de la UIB que aclarase lo ocurrido hasta que ha estallado el escándalo con la intervención policial.
La solvencia científica. Con el ‘caso Nadia' abierto, sorprende que un equipo investigador de la UIB pudiera ofrecer una pócima anticáncer sin que la comunidad científica, dentro y fuera de Balears, advirtiera antes de la supuesta estafa que urdieron esos docentes ante la desesperación de los enfermos. Las cantidades recaudadas por la fundación sin ánimo de lucro Marathón –integrada por testaferros y encargada de canalizar las donaciones– son importantes y eso que todavía se desconoce el alcance de las actividades comerciales realizadas por Lipopharma –que carecía de un laboratorio propio–, la empresa que producía el ‘medicamento' Minerval, sin ningún efecto terapéutico. Todo fue a la luz del día, con sede en el Parc Bit y con reconocidos profesionales al frente.
Sistema con fugas. La vinculación de las universidades con el mundo empresarial merece ser revisada. Las relaciones no son transparentes y permiten un trasvase de intereses que rebasan los estrictamente científicos. Lo ocurrido en la UIB debe ser un aviso ante el peligro de caer en un excesivo mercantilismo vinculado a la investigación. Sus responsables deben ser los primeros en dar una respuesta contundente. Será la única manera de quitar esta mancha.