El interventor del Ayuntamiento de Sant Antoni ha emitido un informe en el que avisa al tripartito que está incumpliendo el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales con el pago de determinados contratos menores. El largo informe, cuyo contenido el alcalde no quiso discutir en el pleno del pasado mes de febrero, enumera todos aquellos contratos menores que superan la cantidad permitida. Conviene destacar que los contratos menores, cuando no son para realizar obras, no pueden superar los 18.000. Sin embargo, parece que esta ley es saltada por el tripartito en determinados casos.
Advertencia. No parece una cuestión menor que el interventor municipal advierta al gobierno tripartito, a través de un informe, de que se están cometido irregularidades en contratos menores. Recordemos la situación vivida hace escasas semanas en el Govern con la dimisión de la consellera de Transparència, Ruth Mateu, precisamente por trocear contratos menores para beneficiar al jefe de campaña de Més. El asunto está siendo investigado por parte de la Fiscalía Anticorrupción. No parece, por lo tanto, que haya que infravalorar un informe que avisa de que se está pagando más de 18.000 euros simplemente por servicios y que, por lo tanto, se incumple la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En algunos casos los contratos menores superan los 60.000 euros, es decir, más del triple de lo legal.
Todo sigue igual. El tripartito de Sant Antoni ha cometido ya algunos excesos administrativos y legales que, curiosamente, parece que no alteran ni al gobierno ni al alcalde ‘Cires'. Recordemos la contundente sentencia por el nombramiento de Angeles Gallardo como coordinadora de la Policía Local. Y también el informe del secretario, contrario a esta contratación. ¿Pero qué hizo el alcalde? Pues destituyó a Gallardo para nombrarla al día siguiente. Un fraude de ley clarísimo que, como en muchos casos, ni escandalizan al gobierno ni a aquellos que se están beneficiando de estos contratos menores contrarios a la ley.