La futura regulación de las corridas de toros en Balears presentada por todos los partidos integrantes del Pacte, firmantes de la proposición de ley, es un compendio de normas absurdas que sólo tratan –dada su evidente inconstitucionalidad– de dar un golpe de efecto mediático en un tema de enorme polémica social entre aficionados y detractores de los festejos taurinos. Los grupos políticos de la izquierda en el Parlament no deberían haberse prestado a la redacción de un texto pacato y ridículo, que por no satisfacer tampoco colma las aspiraciones de los animalistas. El mundo de los toros en las Islas ya ha percibido la notoria ilegalidad de la propuesta y su nula efectividad con el marco jurídico actual.
No es un gesto. Alinearse en contra de las corridas de toros es una postura respetable, incluso desde las instituciones. Sin embargo, la proposición de ley dada a conocer ayer ni siquiera puede llegar a considerarse un gesto político de oposición, un brindis al sol. Plantear controles antidoping a toreros y toros, tasar la duración de una faena en diez minutos y suprimir suertes como la de banderillas o el estoque es un disparate ridículo que pasará a los anales de la estupidez. A los partidos del Pacte les ha faltado valentía para asumir la responsabilidad de una decisión ante la sociedad, con independencia de su recorrido legal. Más lamentable será si con esa proposición de ley pretenden acallar sus conciencias animalistas, y menos si con ello orillan la cuestión del correbou de Fornalutx.
Retirada inmediata. El Pacte debe retirar de inmediato la proposición de ley y modificar su estrategia en toda esta cuestión, que es evidente que rebasa el ámbito competencial de nuestra Comunitat Autònoma. Nada puede ni debe dejar de cuestionarse en democracia, incluso la continuidad de las corridas de toros, pero a los responsables políticos –y los diputados lo son– les es exigible que no rebasen los límites de la legalidad ni del sentido común.