El próximo miércoles comenzará el calendario de paros anunciados por los estibadores de los puertos españoles, una medida de presión contra el Gobierno por la liberalización del sector en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea. La huelga, que está previsto que se prolongue días alternos durante las próximas dos semanas, constituye una seria amenaza para la economía balear. El tráfico marítimo de mercancías es esencial para la inmensa mayoría de las empresas de las Islas, que ven peligrar la entrada y salida de suministros básicos. De hecho, estos días ya se están percibiendo los primeros problemas, consecuencia directa de la actitud de los trabajadores.
Preocupación fundamentada. La inquietud de los empresarios de Balears, empezando por aquellos cuya actividad se centra en la distribución, está muy justificada. La ruptura del flujo coordinado de entrada y salida de mercancías acabará generando un colapso de consecuencias impredecibles. No resulta exagerado advertir que en estas semanas –coincidiendo con la temporada alta del turismo– el incremento de la demanda interna pone al límite la capacidad de almacenamiento de nuestras empresas. Al final serán los ciudadanos los principales perjudicados por la acción de un colectivo que, a la vista de sus reivindicaciones, trata de perpetuar una estructura cerrada para preservar su posición de monopolio en la estiba.
Garantías. El Gobierno debe hacer frente a este conflicto sin escatimar esfuerzos y recursos para minimizar su impacto, en especial en puntos tan sensibles como es el de los puertos de Balears. Las empresas de las Islas no pueden tener hipotecada su actividad durante los próximos meses. La desestabilización de los suministros no se resuelve de manera inmediata, y por ello es imprescindible que se arbitren medidas alternativas. El Estado tiene sobrada capacidad para garantizar que el temido colapso no llegará a producirse.