El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado, de manera solemne y arropado por todo su Gobierno, la fecha –el 1 de octubre– y la pregunta –«¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de república?»– de su referéndum independentista. El gesto es un paso más, y grave, del proceso soberanista en el que está enfrascada parte de la sociedad catalana. El Gobierno central ha vuelto a insistir en la ilegalidad de la consulta y sigue dando plenas garantías de que no llegará a celebrarse, aunque sin dar pistas de cómo se puede frenar el choque jurídico y político que se avecina
La historia de un fracaso. La declaración de en el Pati dels Tarongers es un episodio más de la fracasada relación entre la Generalitat catalana y el Gobierno, en concreto por la intransigencia de los máximos responsables institucionales de Barcelona y Madrid. En el fondo del problema subyace la incapacidad del Estado para adaptarse a los cambios sociales, circunstancia que en el caso catalán se ha convertido en un campo abonado para las tesis independentistas. Pretender resolver el conflicto con sentencias es un error que el Gobierno ha cometido con insistencia..
Callejón sin salida. Puigdemont ha situado el proceso soberanista en un callejón sin salida, planteando un desafío al Estado de consecuencias impredecibles. Las impugnaciones de todas las decisiones relacionadas con el referéndum proyectan un escenario político, social e institucional insostenible en Catalunya. Nadie parece dispuesto a buscar una vía de escape para tanta presión. La situación es preocupante y en el horizonte se vislumbran distintos escenarios: la inhabilitación de los políticos que desoigan al Tribunal Constitucional, la suspensión parcial de la autonomía o unas elecciones anticipadas previas a una declaración unilateral de independencia. ¿Cómo es posible que se haya llegado a este punto de enfrentamiento?