El hecho de que familias de mileuristas se vean obligadas a compartir vivienda ante el imparable aumento del precio del alquiler es la más evidente prueba de una distorsión del mercado que puede acarrear consecuencias enormes. Ni en los momentos más álgidos de la burbuja inmobiliaria de hace una década se había vivido una situación como la actual. La diferencia está en la irrupción de empresas especializadas en internet que mueven el mercado a su antojo mientras los poderes públicos se ven impotentes ante la enorme presión de la demanda.
Mucha oferta, pocos recursos. Mientras el mercado inmobiliario privado aumenta su ritmo de contratación y de incremento de precios, dejando a muchas familias fuera del circuito de alquiler, las instituciones públicas continúan endeudadas a causa de la pasada crisis. No tienen recursos para acometer una política sólida y seria de viviendas sociales. El resultado es que muchos segmentos jóvenes no tienen posibilidad de acceder a un piso, con el gran problema que eso genera. El negocio desbocado va muy por delante de la iniciativa pública y genera una especulación de dimensiones insospechadas.
Reacción institucional. El Govern balear tiene la intención de poner orden al alud de alquileres vacacionales cuando tenga aprobada la nueva normativa. Quiere comenzar por las empresas que controlan numerosos inmuebles que no se han dado de alta en el registro de la Conselleria de Turisme. Pero, a la hora de la verdad, no lo tendrán fácil. En la también codiciada Barcelona, las instituciones han desarrollado una campaña de multas que, en la práctica, no se pueden cobrar. La organización empresarial a través de internet es tan fuerte que tiene suficientes recursos para paralizar las sanciones en los tribunales mientras sigue su actividad. Para proteger a las familias más débiles hace falta una política de vivienda social. Las sanciones no bastan.