El Govern dio a conocer el viernes una nueva medida destinada a incrementar el control del alquiler vacacional ilegal. Se prevé, en este caso, la creación de una plataforma digital destinada a facilitar las denuncias de aquellos inmuebles en los que se sospecha que están comercializándose bajo esta modalidad. La iniciativa se enmarca en la estrategia de atemorizar a los propietarios que han optado de forma irregular por este tipo de negocio para rentabilizar sus propiedades. No hay que olvidar que se trata de un fenómeno mundial que ha registrado en Balears un crecimiento exponencial en los últimos años; en especial, en Palma. La tormentosa tramitación de la ley evidencia la polémica política y social que suscita este tema.
La denuncia vecinal. El favorecer que sean los vecinos y particulares los que asuman el control del alquiler vacacional puede convertirse en una fuente de conflictos. La necesidad de controlar esta actividad –que hay que recordar que genera importantes rentas complementarias a muchas familias de las Islas– no se puede sostener en la delación vecinal, una manera de garantizar enfrentamientos y un deterioro de la convivencia. Debe ser la Administración la que debe dotarse de instrumentos que le permitan intervenir para atajar los conflictos. Y que no se pervierta el uso residencial de estos inmuebles, sean quienes sean sus inquilinos y su nacionalidad.
El impacto vecinal. Da la impresión que el Pacte, en la estrategia del Govern para regular el alquiler vacacional, obvia el efecto de redistribución social de los beneficios que genera la actividad turística en Balears, que hasta ahora estaba en manos casi exclusivas del sector hotelero. La necesaria ordenación del alquiler turístico en los edificios plurifamiliares –ilegal con la ley autonómica– no debería estar reñida con el derecho de los ciudadanos a poder alquilar sus propiedades con determinados requisitos.