La oleada de peticiones de información a la Conselleria de Turisme por parte de propietarios de casas destinadas a alquiler turístico que ven cómo las plataformas de interés colaborativo les retiran de sus ofertas ante el temor de sufrir fuertes multas es la constatación del desbarajuste actual en este mercado, que surgió a partir de una escasa regulación y entre la incertidumbre legal y el negocio fácil por parte de muchos propietarios. Ahora, la moratoria de alquileres de chalets y adosados ha dado más incertidumbre al panorama.
Seguridad ante todo. La Conselleria debe ser capaz de calmar a los propietarios, temerosos en algunos casos de ser multados; presos de la ignoracia de la normativa en otros, y en la mayor parte de las ocasiones impotentes ante el hecho de que ya no pueden registrar sus inmuebles en la Conselleria para poder aspirar a una comercialización protegida por la ley. Es muy natural que la centralita de Turisme se colapse. Junto a la necesidad de que se regule el mercado conforme a la normativa vigente, no debe olvidarse que los ciudadanos deben ser atendidos y sentirse seguros. Y más teniendo en cuenta que es posible que este subsector del alquiler vacacional acabe convertido en pleitos ante los tribunales.
El deber de Turisme. En todo caso, la Conselleria de Turisme ha cumplido con su deber al regular un mercado que se le había ido de las manos. El descontrol del pasado verano y del inicio del actual bien merecía esta decidida actuación. Otra cosa es que se actúe con tacto para que las aguas vuelvan a su cauce, pero desde una perspectiva incuestionable: solamente pueden dedicarse al alquiler vacacional los unifamiliares y adosados debidamente registrados en la Conselleria. Nunca a partir de ahora podrán hacerlo los que no tengan número oficial de registro ni muchísimo menos los plurifamiliares, que quedan proscritos. El marco legal está perfectamente marcado, ahora con una moratoria en vigor.