Este periódico desveló este fin de semana que dos multas de tráfico impuestas a Pablo Valdés, primer teniente de alcalde de Sant Antoni, no se han llegado a tramitar. Las sanciones fueron impuestas el 31 de marzo y aún hoy Valdés espera la notificación, una notificación que nunca le llegará porque, simplemente, las dos multas han sido olvidadas en un cajón. La Policía Local tarda como máximo una semana en tramitar las multas. Cinco meses después, Valdés aún no sabe nada de sus multas.
Saber qué ha ocurrido. Es sospechoso que se extravíen precisamente las multas del teniente de alcalde de Sant Antoni. Otros ciudadanos sancionados por los policías locales del municipio portmanyí no han tenido tanta suerte como Valdés, que recordemos llegó a ser alcalde accidental del municipio durante dos semanas. Aquí algunas personas tienen que dar explicaciones con urgencia. La primera la responsable de Governació, la socialista Aída Alcaraz. ¿Dio alguna orden para que le retirasen las multas a Valdés? ¿Estaba al corriente la flamante coordinadora de la Policía Local? ¿Algún mando colaboró en este posible trato de favor? Muchas preguntas para que los ciudadanos obtengan una respuesta mínimamente convincente.
Muy grave. Que Valdés se salve del pago de dos multas que ascienden a 400 euros es un asunto de máxima gravedad. En primer lugar puede demostrar que ha habido trato de favor hacia un miembro del gobierno. En segundo, el Ayuntamiento deja de cobrar un dinero que le corresponde. En tercero, Valdés se salvaría de perder seis puntos del carné de conducir. Seguramente que muchos ciudadanos estarían encantados de tener el mismo trato que Valdés, que sus multas se perdiesen en algún cajón. ¿Cómo llamaría Reinicia a este asunto? ¿Un pufo? ¿Un chanchullo? Esperemos que no sigan con la vieja y errática estrategia de atacar al mensajero, la respuesta que más utiliza Pablo Valdés. Sólo vale un camino: una explicación convincente o dimisiones urgentes.