El Tribunal Constitucional lo ha dejado claro, si bien la polémica debería haber quedado zanjada aplicando el mero sentido común. No es posible una investidura a distancia. Es imposible que Carles Puigdemont protagonice una sesión de investidura a distancia, desde Bruselas, por el mero hecho de no querer dar la cara ante la Justicia española. ¿Es posible hacer presidente a alguien que tras ser investido no viajará a Barcelona por los asuntos pendientes que tiene con la Justicia? ¿Es de recibo que algunos políticos catalanes mantengan su deriva independentista con todo lo ocurrido tras el referéndum ilegal del 1 de octubre?
La ley, por encima de todo.
Que a estas alturas se tenga que recordar que hay leyes que cumplir es sencillamente incomprensible. Y que un dirigente político como Puigdemont pretenda esquivar la acción de la justicia desde Bruselas es un insulto a todos aquellos ciudadanos que por asuntos mucho menos trascendentes han tenido que dar cuenta ante jueces y fiscales. Nadie puede saltarse la ley, y menos un representante político. Si así ocurre el Estado de Derecho está en peligro y las instituciones superiores no pueden admitirlo. Ni el Gobierno, ni el Tribunal Constitucional, y mucho menos el juez que ha llamado a declarar a Puigdemont por graves delitos, incluida la malversación de fondos por gastar dinero en un referéndum ilegal. Eso no conviene olvidarlo.
Seguir en el 155.
Cataluña vive horas decisivas para su futuro. Si se insiste en que Puigdemont sea el protagonista hoy de la sesión de investidura no hay ninguna duda de que el Gobierno, que previsiblemente tendrá el apoyo del PSOE y Ciudadanos, mantendrá la aplicación del 155. Es decir, se seguirá en el mismo escenario diabólico e irracional de los últimos meses. Los ganadores deben elegir a cualquier candidato, pero no a alguien que quiere esquivar la Justicia. Eso no es admisible. Y seguir por el camino del 155 no parece la mejor opción para Cataluña.