Alrededor de 22.000 pasajeros de Ryanair han resultado afectados en Balears por la huelga de los tripulantes de cabina, una protesta que pretende denunciar las fórmulas abusivas de contratación que utiliza la compañía aérea para abaratar los costes laborales. La respuesta a la reivindicación de sus trabajadores por parte de la aerolínea irlandesa han sido contundentes: suspensión masiva de vuelos, incluídos los que afectaban a los aeropuertos de las Islas, y amenaza de despidos. Las condiciones contractuales de los tripulantes de cabina dejan en evidencia algunas de las razones por la que Ryanair es líder en el segmento de vuelos ‘low cost': aplica todas las normas que le benefician con la legislación irlandesa en la mano.
La homologación pendiente.
La cuestión de fondo en este conflicto es la disparidad con la que todavía se trabaja en el seno de la Unión Europea, que mantiene divergencias normativas importantes entre sus socios que acaban generando importantes agravios. Permitir la libre circulación de personas y bienes sin un marco legal homogéneo es una fuente constante de conflictos. Sucede en el terreno jurídico –el caso de Puigdemont es paradigmático–, pero también en el fiscal y, evidentemente, en el laboral. La integración europea tiene, todavía, mucho que avanzar y Ryanair se aprovecha de los amplios huecos que todavía existen.
Falta de respeto.
Lo sucedido ayer en los aeropuertos de Balears por parte de Ryanair merece ser sancionado con severidad. La compañía aérea no cumplió los servicios mínimos asignados –la totalidad de los vuelos programados con la Península–, además de, como es obvio, generar molestias a miles de pasajeros. El bajo coste de los billetes no justifica la desatención a los usuarios, una falta de respeto y atención inmerecida de la que es probable que sus clientes habrán tomado buena nota durante estas jornadas de la huelga.