Las conclusiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera reunido ayer no permite albergar grandes esperanzas para la mejora de la financiación autonómica de Balears, entre otras razones porque las negociaciones políticas a partir de enero impiden su eventual ampliación en esta legislatura. A corto plazo, las noticias no son más halagüeñas. El incremento de la financiación para el próximo ejercicio volverá a quedar por debajo de la media estatal mientras se mantiene el límite de gasto, dos aspectos que confirman que la imprescindible rectificación del agravio a los ciudadanos de las Islas deberá seguir esperando.
Debilidad gubernamental.
La imposibilidad de levantar el límite del déficit autonómico, que no ha superado el obstáculo del Congreso, es una prueba de la evidente debilidad del Gobierno que preside Pedro Sánchez. El bloqueo no supone un cambio sustancial respecto a la situación actual de las cuentas autonómicas, pero impiden al Govern recurrir al endeudamiento para mejorar los servicios publicos. Este es el auténtico problema que queda pendiente de solución, desde hace décadas, en Balears. Los ciudadanos de las Islas, que son de los que más contribuyen a las arcas del Estado, son los que soportan peores prestaciones sociales; un contrasentido inadmisible.
Mantener la presión.
Balears no puede dejar de mantener la presión sobre el Gobierno para lograr la ansiada mejora de la financiación autonómica –junto con el Régimen Especial–, una cuestión que requiere el concurso del máximo de fuerzas políticas para garantizar su estabilidad. Es mucho lo que hay en juego. El anuncio formulado ayer demora al próximo año el inicio de las negociaciones políticas con todas las autonomías para conocer las bases del nuevo sistema, plazo que imposibilita su aprobación para su aplicación en esta misma legislatura. De momento no queda otro remedio que esperar. Como siempre.